En el cuatrienio 1975-1978 la economía uruguaya promedió una tasa de inversión bruta fija del 16,7o/o del producto interno, que se compara con 12,2o/o que caracterizó la década anterior. Al mismo tiempo pasamos de una tasa media anual de crecimiento económico bruto del 1,2o/o a una del 3,2o/o. Puesto que el crecimiento demográfico del país a largo plazo es del orden del 1,2o/o, ello significa que pasamos del estancamiento total a una modesta tasa positiva de crecimiento neto. Es algo, pero es poco. Una tasa de crecimiento “per capita” del orden del 5o/o a largo plazo, le daría campana cabo de pocos años una noción totalmente distinta de sus posibilidades de futuro. Una población con expectativas dinámicas, libre de la actual obsesión –note el lector que decimos obsesión– por el precio de la vivienda, o de la carne, o de la energía eléctrica o del transporte colectivo, por el próximo ajuste de los salarios o las pasividades; una población, en otras palabras, hecha de familias y personas que sienten que pueden labrarse un porvenir con su esfuerzo, o al menos que sus hijos podrán hacerlo, es un tesoro que el país tuvo otrora, que luego malgastó, y que ahora debe imprescindiblemente recuperar.
Como condición necesaria (aunque no suficiente) para alcanzar esa meta, la tasa anual de inversión deberá situarse en el entorno del 22 o 23o/o del PBI, que es la relación inversión/producto observada en los países de crecimiento satisfactorio, entre aquellos de un nivel económico semejante al nuestro.
¿Qué estamos haciendo para conseguir esa meta? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué podemos estar haciendo que nos aleja del objetivo?
Sin pretender agotar aquí el tema, y ateniéndonos a lo que juzgamos principal, diríamos lo siguiente:
* El aumento logrado en la tasa de inversión hay que llevarlo al crédito de dos rubros fundamentales: un encomiable cambio en la composición del gasto público, y la eliminación del control de cambios operada en 1974, con obvias implicaciones sobre el atractivo de la inversión privada en el país.
* Los dos estatutos legales que más directamente se relacionan con el tema –la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Promoción Industrial– fueron concebidas ambas bajo el supuesto de que el incentivo para la inversión privada, de origen nacional o externo, radica en la preservación para el inversor de un coto de caza dentro del territorio del país, y consiguientemente se ven afectadas de una grave obsolescencia, que el tránsito hacia una estructura abierta intensificará dramáticamente.
* La opción política por una economía abierta en lo comercial conlleva la aceptación de la competencia extranjera en todos los terrenos. Pronto no habrá cotos de caza privados para repartir ni con que negociar. Tenemos que entrar en la liga de los países que compiten por una cuota del nuevo capital internacional disponible con estrategias de apertura. El atractivo que resulta de nuestra mano de obra, de nuestros recursos naturales y de nuestros precios relativos, tiene que ser complementado con una infraestructura económico-institucional, cuyo suministro es consustancial con una política de inversiones realmente operativa.
* Tenemos en primer término todo lo que podríamos englobar bajo el rubro infraestructura material. Sobre todo, energía y comunicaciones. Hay que tener presente, acerca de lo primero, primero, que energía eléctrica no es, en este contexto, sinónimo de generación energética. Antes del colapso de la 5a. Unidad el servicio presentaba ya severas deficiencias, atribuíbles tal vez a transmisión, quizá globalmente a mantenimiento. Con respecto a petróleo, acabamos de vivir un momento crítico, en que la normalidad del abastecimiento giró en torno del buen éxito de las gestiones de autoridades de ANCAP en el Oriente Medio. La idea de una seguridad para el desarrollo parecería requerir otra cosa. En cuanto a las comunicaciones, he aquí un disuasivo que nos consta le significa al país la pérdida de mucha inversión. No se trata sólo de que los teléfonos prácticamente no funcionen, ni interna ni externamente, que conseguir un télex sea difícil, etc. Se trata de que no existe información sobre cuándo y cómo se superarán estas limitaciones.
* El gobierno uruguayo debe desarrollar un estilo de adoptar decisiones, no diríamos distinto, sino antitético, del que se ha hecho tradicional en el país. Una vez adoptada una política, no debe trascender ninguna clase de hesitación, ni darse indicaciones de que hay un operativo de revisión permanente de la política. Cuando se trate de cambiar, las iniciativas deben anunciarse con amplia anticipación, y, como regla general, su vigencia debe diferirse considerablemente. La amplitud del horizonte institucional –que en el Uruguay ha solido asemejarse al de una cerrazón matinal– es de vital importancia.
* Finalmente, pero en cierto sentido de manera principal, es absolutamente imperioso proceder a una reforma radical de los servicios de Justicia, capaz de mejorar la prontitud y la calidad de las decisiones. “No comprometo nunca fondos sustanciales de mi empresa” manifestó recientemente a un redactor de BUSQUEDA un importante gerente internacional, “en un país en que no esté convencido de la independencia de los jueces”. Cuando las autoridades se toman el trabajo de cambiarle el nombre a la Suprema Corte de Justicia, quitándole la primera palabra de la puerta de su edificio y en todos los sellos de goma, proporcionan un símbolo eficaz de cómo no debe ser la política de inversiones en uno de sus aspectos cruciales.