Los dos países que ocupan los primeros lugares del mundo en cuanto a ingreso per capita no son ninguno de los colosos industriales con más de 100 millones de habitantes –EE.UU., Japón, la URSS–, sino Suiza y Suecia, ninguna de cuyas poblaciones llega a los 10 millones. En materia de velocidad de crecimiento, pequeñas comunidades como Singapur y Hong Kong se han instalado desde hace años entre los primeros puestos. El éxito económico, por tanto, no está rehusado a los pequeños. Pero hay dos o tres cosas muy claras: la política que tiene éxito, o al menos que sirve, no es en modo independiente del tamaño de la economía; la exigüidad demográfica (la territorial es secundaria) impone restricciones muy especiales a la acción gubernamental; la prosperidad visita a los pequeños, pero sólo cuando éstos caben serlo.
Uno de los corolarios de estos principios concierne los grados de apertura y de especialización de las economías. Todas las economías pequeñas que a la vez triunfan son sumamente abiertas, y consiguientemente mucho más especializadas, que las de magnitud mayor y comparable prosperidad. Una empresa industrial típica en cualquiera de los casos citados, digamos de Suiza o Hong Kong, exporta su producción en no menos de un 90o/o. Esto tiene sus inconvenientes. Hay que enfrentar el proteccionismo de los clientes y el dumping de los competidores. El propio gobierno carece de potestad para proscribir las conductas arbitrarias o desleales en el ámbito mundial, como puede hacerlo en el mercado interno, de modo que la empresa del país especializado y abierto está sujeta a contingencias mayores que sus colegas de economías más cerradas. Este argumento, sin embargo, es de limitados alcances. Sirve para probar que el mundo en que vivimos no es, como pretendía Leibnitz, el mejor de los mundos posibles. Pero en ninguna medida ayuda a demostrar que una estrategia autarquizante es una posibilidad válida para un país pequeño. Esto sencillamente no es así. Es un hecho que los costos de la clausura superan largamente a los beneficios. Nosotros pretendimos desconocer ese hecho, y ello nos ha costado muy caro.
El segundo corolario a tener en cuenta se refiere al tamaño del sector público. Es bien conocido el principio de que hay economías de escala en la organización política. Es decir, que el costo unitario de gobernar a un país (pesos por habitante) tiende a bajar a medida que la población es mayor, igual que el costo unitario de producir acero (pesos por tonelada) tiende a decrecer con el aumento del tamaño de la planta. Se comprende fácilmente que la erogación implícita en tener un jefe de estado, un ministerio de relaciones exteriores, misiones diplomáticas por todo el mundo, un ministerio de economía, un banco central, etc., incide más pesadamente sobre los contribuyentes cuanto menos sean éstos. Ello, como decíamos, se comprende fácilmente; pero no suele además ocurrir que se tenga en cuenta. Si se hubiera tenido en cuenta entre nosotros, la política gubernamental habría mostrado una preocupación muy particular por mantener el funcionariado dentro de los límites muy austeros, y en evitar todo gasto superfluo.
No ha sido así, y ello según parece desde los albores de nuestra vida independiente. En 1831 el Poder Ejecutivo, encomendado a la sazón a la jefatura del General Rivera, dirigió a la Comisión Permanente un mensaje donde, luego de denunciar un calamitoso estado de las finanzas públicas, resultado del déficit que se había repetido desde el primer año de independencia (1828), solicitaba autorización para eliminar el “sobrante de empleados” y “proporcionar las dotaciones al trabajo”, así como para “simplificar el sistema general de la administración”. La Comisión Permanente le contestó, lacónicamente, que se ciñese a sus facultades constitucionales, y en caso contrario se atuviese a las consecuencias. Diríase que la seca respuesta tuvo efectos disuasivos tan poderosos que, ya casi sesquicentenariamente, duran hasta hoy.
Con el advenimiento de las empresas estatales a fines del siglo pasado, y sobre todo en el corriente, las potencialidades de despilfarro crecieron notablemente, y de hecho se transformaron en uno de los principales azotes que se infligió a la economía uruguaya; un castigo, además, sin el cual el insólito estancamiento que se apoderó de ella a mediados de la década de los años ‘50 sería ininteligible.
Hoy en día el régimen cívico-militar ha dado claras señales de percibir el corolario de nuestro tamaño respecto del grado de apertura de la economía; no así, en cambio, (alguna auspiciosa declaración aparte) el segundo y no menos importante corolario relativo a la necesidad de reducir hasta límites soportables la carga del sector público sobre nuestra pequeña economía. Al contrario, todas las noticias, y encima todos los rumores, apuntan hacia el sentido opuesto. No hace mucho, por ejemplo, se informó que el Banco de la República abrirá sucursales en el exterior. La opinión pública no pareció inmutarse. Acaso, se dijeron presuntamente nuestros compatriotas, ¿no hacen otro tanto nuestros vecinos con el Banco do Brasil y el Banco de la Nación Argentina? Y el Narodny Bank soviético, ¿no tiene también sucursales en numerosos países? Pero olvidaban la diferencia de tamaño. Lo que países mayores pueden sobrellevar con mayor o menor trabajo a nosotros puede resultarnos paralizante. Otro ejemplo: si pretendiéremos hacer con PLUNA siquiera, una pequeña parte de lo que hacen Aerolíneas Argentinas, Varig, o Aeroflot, volveríamos al sillón de ruedas.
Hay algo comprensible en este proceso. Los hombres del régimen quieren sinceramente servir al país. Reducirles el número de puestos desde donde hacerlo pudiera parecer una manera de desaprovechar una fuente estimable de capacidad y patriotismo. Sin embargo, en una economía del tamaño de la nuestra, no es así. Más que de múltiple servicio, de lo que el país se halla hoy necesitado es de comprensión; comprensión, sobre todo, de que la mochila que le han puesto para hacerle marchar por la cuesta del desarrollo pesa demasiado.