El gobierno acaba de otorgar a PLUNA el monopolio de la prestación de asistencia a los aviones de transporte internacional en nuestros aeropuertos. Es una medida por varias razones inquietante. El hecho de que el volumen de los negocios monopolizados sea presuntamente no muy grande apenas si atenúa sus graves implicaciones.
En primer término, la medida debe preocupar en razón del vehículo jurídico que la trae: ¡un monopolio que llega por decreto! Y justamente cuando una reforma constitucional dicen que va a enmendarnos el régimen jubilatorio. En el lugar de la pirámide del orden jurídico –constitución, ley, reglamentos administrativos y actos individuales, dispuestos del vértice a la base según una jerarquía racional de rango y durabilidad– parece que estuviéramos amontonando una estructura caótica. Y conste que nuestra preocupación no es de índole estética. Lo que nos da ansiedad es la seguridad jurídica, ese soporte indispensable de la libertad. Si ya no sabemos qué clase de normas puede cambiar qué clase de derechos, la poca seguridad jurídica que poseíamos se nos habrá hecho humo.
En segundo lugar, nos perturba la falta de un fundamento visible para el decreto. El principio de que las decisiones gubernamentales deben ser fundadas sigue siendo observado entre nosotros. Pero en la medida en que los “resultandos” y “considerandos” no guarden con la parte dispositiva ninguna relación sustancial, esa observancia pierde su verdadero sentido, que no puede ser otro que el de salvaguardar la legalidad como principio rector de toda actividad administrativa, así como facilitar su control por la opinión pública. En este caso no se discierne siquiera una intención genuina de explicitar las motivaciones de la medida.
Por ejemplo: se pretende que el monopolio promoverá la seguridad de las personas y los bienes situados en las áreas operativas de los aeropuertos. Así enunciada, esta proposición no puede ser calificada más que de inadmisible. O bien hay un eslabón oculto que la conecta con la realidad, y entonces debió revelárselo, o bien para llenar la mera formalidad de una fundamentación el decreto no repara en chocar abiertamente contra las enseñanzas de la experiencia nacional y extranjera, así como contra el sentido común más elemental, que proclaman algo enteramente distinto.
Otro ejemplo: como supuesto fundamento a una medida que monopoliza el servicio de asistencia a determinadas aeronaves en nuestro aeropuerto internacional, se invoca una previa declaración sobre política aeronáutica, referente a la prestación de (citamos del propio decreto) “los servicios de asistencia a aeronaves que sean requeridos por los distintos operadores aéreos”. (Nuestro énfasis).
El derecho a la opción es aniquilado bajo la autoridad de un texto que lo afirma.
Pensamos que el gobierno ha entrado en una zona sumamente peligrosa. Nos gustaría poder encender una señal de alarma, tanto en su beneficio como en el del país entero. Sin faltar al hacerlo el respeto que debemos a sus integrantes, pero comenzando por recordarles que el gobernante debe también respeto a sus súbditos, a su inteligencia no menos que los demás componentes de su personalidad.
Debemos preservar a toda costa los uruguayos un plano en que podamos encontrarnos recíprocamente, a partir del cual una obra colectiva de construcción y reconstrucción del país sea posible. Sobre ese plano los puentes y las carreteras están hechos de materiales críticamente delicados, que se llaman lenguaje y razón. Debemos preservar con amor los pocos con que contamos, y construir nuevos con tesonero empeño.
El decreto que nos ocupa se aparta peligrosamente de esa línea.
Tratar con detenimiento otras cuestiones que el documento plantea, con ser ellas importantes, sería tal vez, por comparación, frívolo menester; pero no podemos dejar de decir un par de cosas.
El Uruguay tiene un problema de imagen en el exterior. El régimen cívico-militar que nos gobierna sabe que los medios internacionales de comunicación no le son favorables. Con todo, en el terreno económico se ha ganado consistentemente terreno desde 1974. Nuestra disciplina monetaria y fiscal ha conquistado el respecto de la comunidad financiera internacional. El perfil de un país donde no había medida que por alocada y peregrina que luciera pudiera descartarse de antemano ha ido siendo reemplazado por otro en cuyos rasgos se acentuaban el realismo y el sentido común. El decreto que comentamos asesta a esta imagen, aún fatalmente carente de la deseada nitidez, un tremendo golpe. Si se hubiese querido encontrar un medio en el cual el efecto amplificador de la noticia hacia el mundo entero fuese mayor, habría sido difícil lograrlo. Parafraseando a Churchill, podría decirse: nunca tantos sufrieron tanto descrédito por causa tan nimia.
El decreto, digamos para concluir, recuerda que el trasporte de personas y cosas es de interés nacional, y de allí infiere que la infraestructura pertinente debe hallarse en manos del estado. Esta conclusión de claro corte socialista está en frontal colisión con la política económica que consistentemente venía poniendo en práctica el mismo régimen, llevándonos de un socialismo sin duda predominante hacia una economía de mercados; con parsimonia, pero a la vez con coraje, firmeza y lucidez. Es doloroso que a un terreno tan costosamente ganado se renuncie con tanta facilidad; es penoso que un valor tan decisivo como la coherencia sea echado con ligereza por la borda.