El nuevo año ha traído un nuevo Ministro de Agricultura. Ambos encuentran al sector rural en una situación de verdadera emergencia.
1980 ha sido un buen año económico para el Uruguay, por más que haya estado puntuado por múltiples lamentos, y las Casandras de turno no hayan dejado de entonar sus ominosos pronósticos. Los hechos y las cifras cantan: una reducción del orden del 50 por ciento de la inflación, un crecimiento real del 5 por ciento, un nivel récord de empleo, un salario real en alza, y un significativo aumento de las ya pletóricas reservas internacionales, forman un cuadro nada desdeñable de realizaciones especialmente dentro de la opaca coyuntura mundial. Pero en este paisaje de difundida bonanza se deja ver una depresión vasta y profunda; en el fondo postrado, yace el sector agropecuario.
Aquejan a este enfermo dos clases de dolencias. Unas, agudas, tal vez sean las que reclamen prioritariamente la atención del nuevo Secretario de Estado. Las otras, endémicas, no deberían sin embargo desatenderse por mucho tiempo. Después cie todo, son las más importantes; sólo porque ellas han debilitado el organismo del paciente es que las primeras han conseguido afectarlo tan seriamente.
Las enfermedades coyunturales que el diagnóstico más somero no deja de identificar conciernen el exceso de ganado en los potreros, y el exceso de deudas en los balances de los productores. Urge sin duda buscar solución al primero de esos excedentes, cuya persistencia arriesga una disipación de la riqueza nacional de catastróficas proporciones. Sobre la segunda de las plétoras, ¿qué actitud cabe adoptar?
Las tribulaciones de los agricultores ende dados jalonan la historia del mundo desde la antigüedad, y sus campeones han sido por lo general líderes populistas –la memoria va ante todo hacia William Jennings Bryan en los EE.UU. finiseculares– que han buscado en la inflación un alivio de aquella condición. Cuando algunos dirigentes del gremio presionan ahora entre nosotros por un ajuste cambiario hacen exactamente lo mismo que Bryan casi un siglo atrás, cuando abogaba por debilitar el dólar, cambiando su base de oro por otra diluida con plata. “Nihil novum sub sole”.
Nosotros opinamos que Bryan mereció la suerte adversa que le cupo en las elecciones de 1896, y estamos seguros de que la propuesta de un ajuste cambiario en el Uruguay no debería alcanzar mejor resultado. Sería, ante todo, una solución mentirosa, en el sentido de que estaríamos devaluando para obtener un efecto totalmente diverso de aquéllos que las devaluaciones por su naturaleza están llamadas a tener. Lo que se quiere no es fortalecer la ya robusta balanza de pagos, sino transferir riqueza de la comunidad hacia el sector rural. Lo que se consigue típica y honestamente con un impuesto, también la inflación podría lograrlo –una inflación en situación de superávit externo no es, al fin y al cabo, más que un impuesto– pero a costa de surtir muchos otros resultados indeseados e indeseables. La hipocresía puede ser sumamente onerosa.
Un impuesto a cargo de la comunidad para ayudar a un sector particular es una píldora difícil de tragar, pero ése es el único planteamiento genuino, y además no es indefendible. La comunidad –por el brazo de su gobierno– descargó sobre el campo en 1979 una tremenda andanada de políticas adversas, que es buena medida son responsables de la afligente situación de hoy. Prohibición de exportación, prohibición de faena, e importación de carne subsidiada de la Argentina constituyeron un tríptico realmente desquiciante. A él se agregaron otras disposiciones –verbigracia la que se dirigía a “erradicar”, según reza, créase o no, el decreto respectivo, –del 3/8/79– las instituciones bancarias de las ferias ganaderas –en un conjunto de medidas que, diríase, remedaban una operación punitiva contra el sector.
¿Podría el gobierno justificar ahora un impuesto para el pago de reparaciones a los productores por los efectos de aquella gigantesca equivocación? Pese a las enormes dificultades de cuantificación y ejecución, la respuesta debe ser sin lugar a dudas afirmativa. Ello requeriría, sin embargo, una expresa asunción de responsabilidad por parte de las autoridades, y esto a su vez una enorme dosis de patriotismo y honestidad. En ocasión de la reciente derogación de la prohibición de la concurrencia de los bancos a las ferias ganaderas, el gobierno, lejos de reconocer el error padecido, sostuvo que la medida se dejaba sin efecto por haber alcanzado sus objetivos, lo cual, vista la afligente condición del destinatario, encerraba una ironía presumiblemente involuntaria. En síntesis, si el gobierno se aferra a una suerte de doctrina de su propia infalibilidad, no hay salida aceptable; si, en cambio, asume el error, al que, en último término, todos los humanos estamos expuestos paso a paso, hay un camino por delante, difícil pero practicable.
Aún presentando estas cuestiones coyunturales una cualidad inaplazable y vital, se nos antojan más importantes aún las deformaciones estructurales del sector. En este sentido el nuevo Ministro tiene al menos un objetivo meridianamente claro; se trata simplemente de hacer regir el sector por las reglas generales aplicables a toda la economía, y poner fin por tanto a cada una de las discriminaciones que penalizan a la actividad rural.
En un período como el corriente, en el cual el ingreso neto de la mayoría de los productores agropecuarios debe ser negativo, tiene que resultar patente la injusticia de que éstos sean llamados a pagar –y aún, amontonando más ironía, a adelantar– un impuesto a una renta seudo presuntiva. Afortunadamente el Ministro de Economía, se ha pronunciado ya a favor de sustituir el IMAGRO por una tributación no discriminatoria, que grave la renta real, como ocurre con todo el mundo. El nuevo Ministro cuenta, pues, con un aliado crucial para iniciar la marcha hacia una reforma radical del sistema tributario del agro, lo que debe erigirse en una de sus metas principales.
Pero entre sus objetivos resalta uno en particular, que une a su importancia intrínseca un considerable valor simbólico: la exportación de ganado en pie.
El sector agropecuario tiene una larga historia de discriminación en su contra con el fin de promover otras actividades productivas. La secuencia de medidas comienza hace más de un siglo con la ley proteccionista de 1875, reforzada en 1888 y 1912. En la década de los ‘30 se introdujo el impuesto cambiario, que la proliferación de los cambios múltiples en las décadas de los ‘40 y ‘50 llevó a crecientes alturas. Los cambios múltiples fueron más tarde sólo cosméticamente reemplazados por un sistema de detracciones. Poco a poco, sin embargo, la situación ha ido mejorando en este sentido. Las detracciones explícitas han desaparecido. La protección arancelaria está en vías de reducirse (de manera muy inadecuada, pero eso, si se quiere, es sólo un detalle). Queda apenas firme de aquella funesta orientación, la prohibición de exportar ganado en pie, establecida para transferir recursos de la actividad pecuaria a otra dedicada al procesamiento del producto de aquélla. La mayor industria del país –la cría y engorde de ganado– es entre nosotros tributaria de una industria relativamente pequeña, que en teoría tendría que orientarse a servirla. El edificio sirve al andamio. La cola mueve al perro. Si hay en la economía mundial algún caso más claro de una carreta que se coloca delante de los bueyes, nosotros no lo conocemos.
El Ministro tiene una forma clara de ganar credibilidad en el sector, una condición sine qua non de su éxito en las circunstancias presentes: conseguir el levantamiento de la prohibición de exportación de ganado en pie dentro del primer mes de su gestión. Y conseguirlo en base a los principios en juego, y no sólo como expediente de emergencia para superar el problema del excedente de stock. De manera definitiva, y no como medida de excepción. Después de todo, toda la razón estará de su lado, sin dudas ni matices. Los bueyes van delante de la carreta, y no al revés: sobre ello no hay discusiones ni ecleticismos posibles. La cuestión es realmente así de sencilla.