UNA DOCTRINA PARA LA LIBERTAD
Los objetivos de nuestra búsqueda van delineándose. Entrevemos una nueva idea de Estado: más fuerte pero menos invasor de la esfera de libertad del individuo; más compacto, más eficaz, más acorde con las necesidades del siglo. Pero esta idea del Estado es incompatible con la doctrina económico-social que predomina entre nosotros. Por lo que tendremos también que lanzarnos en pos de una nueva doctrina que oriente la marcha de la nación por ese campo.
UN SISTEMA PARA MENORES
La doctrina que ejerce en el Uruguay desde hace muchos años una primacía indiscutible en el terreno socio-económico es el paternalismo. Tanto la práctica gubernamental como las discusiones sobre tales temas, en la prensa y en los más diversos foros, traducen por sobre divergencias y virajes una adhesión prolongada y fidelísima de los uruguayos a la idea paternalista del Estado. ¿En qué consiste esa idea?
El paternalismo es una especie del género dirigismo. El gobierno interviene en la órbita de lo económico por diversas razones. Keynes, por ejemplo. funda sus recomendaciones dirigistas en la premisa de que el funcionamiento libre de los mercados no asegura por sí mismo un nivel adecuado de ocupación. Otras invitaciones al intervencionismo procuran la estabilidad monetaria o el desarrollo económico. Implícita o explícitamente, afirman que de la acción no concertada de numerosos agentes económicos, que actúan ofertando y demandando bienes y servicios en la gestión de sus intereses particulares, no fluyen resultados que consulten adecuadamente los objetivos que la sociedad se ha trazado. Ocasionalmente se manejan argumentos de esta clase en el Uruguay: pero no representan lo típico del dirigismo vernáculo. La fundamentación característica de la intervención gubernamental en nuestro medio es de índole paternalista: el gobierno debe intervenir, o bien porque los agentes económicos, productores y consumidores, no conocen sus propios intereses, y los lesionarían si se les permitiera actuar libremente, o bien porque no puede confiarse en que actúen con responsabilidad. Es decir, las mismas razones por las cuales los padres intervienen en los asuntos de sus hijos mientras éstos se hallan en la infancia; de ahí el nombre de la doctrina.
Por ejemplo, las prohibiciones de faenar vientres vacunos, que jalonan toda nuestra historia económica, obedecen a un estilo político característicamente paternalista. Cuando el precio de los ganados sube mucho, el gobernante de esta escuela se siente asaltado por el temor de que los productores envíen las hembras al matadero. No suponen que los ganaderos ignoren el papel insustituible que las vacas desempeñan en la reproducción de su especie; temen que lo pierdan de vista, obnubilados por la perspectiva de ganancias.
Para hallar una manifestación del mismo argumento aplicado a los consumidores, no tenemos que alejarnos del sector pecuario. Lo encontramos en las “vedas” de carne vacuna. En el período de “post-zafra” el ganado gordo suele escasear. Si se permitiese el libre juego de las fuerzas del mercado el precio de la carne aumentaría y los consumidores la sustituirían, total o parcialmente, por otras fuentes de proteínas, análogamente a como sustituyen los huevos o las naranjas cuando sus precios experimentan el alza estacional característica. Pero el gobernante paternalista ve en el uruguayo a un carnívoro impenitente, capaz de arruinarse por un churrasco y, para evitar que caiga en tentación y se destruya el orden de los presupuestos familiares, prohíbe sencillamente que se le venda carne.
Los casos de paternalismo podrían ilustrarse “ad infinitum”. Bastarán ahora, sin embargo, mencionar uno más, sin duda el de mayor significación en nuestro país en el último cuarto de siglo: el contralor de los precios. A lo largo de los lustros, los gobiernos han fundado esta clase de intervención, antes que en cualquier otro argumento, en la afirmación de que, si se diese a los empresarios libertad para fijar precios, “abusarían” de ella. Si a modo de objeción, alguien invoca el éxito obtenido en diversos países con la remoción de los controles, el gobernante paternalista responderá aduciendo a su vez que tal buena fortuna ha obedecido, en esas experiencias, a la “responsabilidad social” del empresariado de marras, lamentablemente ausente en el nacional. Y si el contradictor, ingresando al terreno de la historia uruguaya, señala que, antes de la segunda guerra mundial, el país había gozado de una notable estabilidad de precios, sin que se practicara contralor alguno, el gobernante paternalista contestará apuntando hacia una pasada edad de oro de la moral empresarial, hacia una inocencia, luego perdida, del capital.
En suma, los uruguayos ignoran su propio interés o están desprovistos de responsabilidad; como niños, a quienes no puede dejarse actuar ni elegir por sí mismos.
UNA CONTRADICCION FLAGRANTE
El error del paternalismo puede demostrarse en cada una de sus manifestaciones, en función de argumentos económicos, como esperamos hacerlo asiduamente en el futuro. Pero en nuestro país, al menos para los que participan de la convicción dominante acerca de las ventajas del autogobierno democrático, existe uno refutación mucho más sencilla, a la vez que de absoluta generalidad, de las tesis paternalistas. En efecto, si los uruguayos carecen de discernimiento y de responsabilidad para actuar libremente en el terreno económico, ¿por qué habrían de poseer esas cualidades en la esfera política? ¿Por qué habrían de ser sabias y justas las decisiones de un gobernante elegido por un electorado de Incapaces e irresponsables?
El paternalismo es el sistema socio-económico natural de aquellos sistemas políticos en que la elección de un gobernante autocrático está reservada al azar de la herencia o a la decisión de una élite. No podía extrañar en la monarquía borbónica que nos trasmitió el sistema ni puede asombrarnos en los regimenes totalitarios del siglo XX. Con la democracia es lógicamente incompatible. Carlos III y Stalin resolvieron, por sí o por sus ministros, la mayor parte de les problemas económicos de sus súbditos, pero no cayeron en la contradicción de confiarles responsabilidades políticas. Mao, Kosiguin y Fidel Castro poseen actualmente esa misma clase de coherencia.
Compréndese entonces la necesidad de una nueva doctrina socio-económica, una nueva idea de Estado, un sistema para la libertad, la prosperidad y la justicia; salir en su búsqueda, partiendo del inconformismo respecto del sistema paternalista dominante tal el desafío que impulsa los primeros pasos de nuestra publicación.
…es menester afirmar continuamente el principio que la presencia del Estado en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no se encamina a empequeñecer cada vez más la esfera de la libertad en la iniciativa de los ciudadanos particulares, sino antes a garantizar a esa esfera la mayor amplitud posible, tutelando efectivamente, para todos y cada uno, los derechos esenciales de la personalidad: entre los cuales hay que reconocer el derecho que cada persona tiene de ser estable y normalmente el primer responsable de su propia manutención y de la de su propia familia; lo cual implica que en los sistemas económicos esté permitido y facilitado el libre desarrollo de las actividades de producción.
Juan XXIII, Mater et Magistra