Están próximos a designarse los directorios y los directores generales de los entes autónomos y los servicios descentralizados. El cambio despierta en este caso en la ciudadanía una expectativa mayor que la habitual. Por una parte, habrá tres empresas dirigidas por militares designados en su calidad específica profesional. Existe además la encomiable decisión de evitar toda cuotificación político-partidaria de los cargos. El país tal vez se pregunte si no estará cerca el ansiado momento de una recuperación en ese sector, de peso tremendo en la economía uruguaya.
Nuestra palabra en esta ocasión será, si no de escepticismo, decididamente de cautela. Nunca creímos que el descalabro en la gestión de nuestras empresas públicas fuese una directa consecuencia de las condiciones personales de sus dirigentes, o de la falta de ellas. No negamos que haya habido directorios malos; ni que la mayoría de ellos haya sido mediocre. Otros, sin embargo, han estado bien integrados, tan bien como el presente gobierno pueda nombrarlos ahora, poniendo alta la mira. Y, sin embargo, la experiencia, a nuestro modo de ver, muestra poca diferencia en la calidad de las gestiones. Al respecto el fracaso rotundo ha constituído una regla universal prácticamente sin excepciones. Evidentemente, algún factor que trasciende la órbita de lo personal tiene que haber estado activo para determinar ese resultado.
La empresa pública tiene, en todas partes del mundo, sus problemas específicos. Se requiere un alto grado de dogmatismo socialista para negar que la empresa privada es invariablemente más eficiente. No nos referimos, sin embargo, a esa clase de diferencia. Nos referimos al grado extravagante al cual la ineficiencia de la empresa pública ha llegado entre nosotros.
Opinamos que la razón de este colosal fracaso no es un misterio. Sus causas nos parecen evidentes, y ya las hemos expuesto (véase BUSQUEDA N° 3, Editorial).
Hoy no querríamos repetirnos. Pero no podemos reprimir na voz de advertencia cuando vemos que, con la designación de los nuevos directorios, se está a punto de iniciar un nuevo ciclo de frustración.
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En otras palabras: no basta con elegir bien a los nuevos dirigentes de las empresas públicas y desearles suerte. Es preciso crear las condiciones para que su éxito sea posible.
El país se comporta como si la estructura jurídica que dio a sus empresas públicas en el pasado fuese una realidad eterna, y como si los campos en que aquéllas han penetrado debieran quedarles reservados indefinidamente.
Gerencia colegiada, expedientes, falta de criterios económicos de evaluación, inversión resuelta por motivos irracionales, todo eso caracteriza nuestra empresa pública y asegura el fracaso de su gestión.
Actividades como la de la pesca y la agricultura son en el mundo entero reconocidas como las menos aptas para ser confiadas a empresas públicas. Nosotros mantendremos al SOYP y al Espinillar, perdiendo sumas inmensas, y sin esperanzas de recuperación, simplemente porque todo lo que se nacionalizó alguna vez tiene que quedar nacionalizado para siempre.
La responsabilidad por todo ello no incumbe sólo al gobierno de la empresa pública. Incumbe también al gobierno nacional (y al departamental en lo pertinente: ¿cómo olvidar a AMDET?); incumbe a la opinión pública, a la ciudadanía. Debemos decir a los dirigentes de nuestra empresa pública qué esperamos de ellos y por qué criterios juzgaremos su gestión.
Si el país dice a sus dirigentes de empresa pública que juzgará su gestión por criterios comerciales, y si deja de embarazar sus movimientos con contralores jurídicos incompatibles con la actividad industrial, entonces sí estará en condiciones de llamar a responsabilidad a los que fracasen. Y deberá a la vez premiar a los que alcancen éxito. Fracaso y éxito cobrarán entonces un sentido nuevo e individualizable. Del limbo actual urge salir cuanto antes.
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Pugnar por conseguirlo es obra de patriotismo. Estamos seguros de que ello no suele apreciarse con claridad.
Estamos seguros de que, entre los que se complican en el despilfarro de los recursos nacionales en inversiones mal concebidas, resueltas por espúreas razones de “status”, por pretendidos motivos sociales o como supuesta falsa manera de afirmar nuestra nacionalidad, entre los que rechazan la racionalidad de esos y aún de mil otros modos que hacen de la gestión de la empresa pública uruguaya una curiosidad histórica, de entre ellos, decíamos, pocos, sin duda muy pocos, han de darse cuenta cabal de que están contribuyendo a mantener a su país en el estancamiento cruel que por tanto tiempo lo aprisiona, a cerrar los horizontes para sus compatriotas, y a impulsar a los más jóvenes a expatriarse.
El hábito, la costumbre inveterada, tiene que haber tornado invisible a los ojos uruguayos lo que es patente. El imperativo de la hora es ver. Abrir los ojos: he aquí lo que la patria uruguaya pide hoy, ante todo, a sus hijos. Cuando demos cumplimiento a ese mandato nos parecerá mentira haber permanecido tanto tiempo en la oscuridad.