Ultimamente he estado tratando de agrupar bajo un limitado número de rubros las razones por las cuales el gobierno uruguayo interviene en la economía, y les aseguro que no es tarea fácil.
En los textos de economía aprendemos que los objetivos generalmente adoptados por los gobiernos en sus actividades de política económica comprenden una tasa de crecimiento adecuada, la preservación de un nivel de ocupación elevado y estable, un nivel de precios también estable, una balanza de pagos equilibrada y una distribución de la riqueza menos desigual que la que el funcionamiento de los mercados espontáneamente genera. Los textos más modernos hablan también de la preservación de un medio ambiente razonablemente exento de contaminaciones. Todo esto se halla bastante remoto de las motivaciones que inspiran a las autoridades uruguayas para sus múltiples intervenciones en la vida económica del país.
Es cierto que a veces las resoluciones invocan la meta antiinflacionaria, pero ello no suele pasar de una referencia a un objetivo poco o nada vinculado a la medida que pretende justificar. Así, por ejemplo, a fines de febrero se dictó un decreto congelando el precio de los artículos para escolares. Es cierto que la inflación es un proceso en que los precios de los artículos para escolares suben. Pero otro tanto ocurre con miles y miles de otros precios. Usted puede creer que ello ocurre por algo que sucede con los incontables bienes y servicios cuyos precios se elevan; que hay monopolistas que los acaparan, o cosas por el estilo. O usted puede pensar que se trata de algo que pasa con el dinero, es decir, con el único bien que se cambia contra todos los demás. Por lo general se requiere apenas un pequeño esfuerzo de persuasión para que la gente acepte por buena esta segunda posibilidad.
El control del precio de los cuadernos, las reglas y las gomas no tiene pues en el fondo nada que ver con la inflación, y sí con los precios relativos y con la distribución del ingreso. Este último punto está de alguna manera incluido entre los objetivos del intervencionismo respetable, como vimos al comenzar, pero hay que tener presente que es muy difícil pensar en una medida de política económica que no afecte la distribución de ingreso, y que ninguna que modifique los precios relativos deja de afectarla. La medida reciente es reductible a un subsidio al conjunto social “padres con hijos en edad escolar” financiado con un impuesto a un conjunto más complejo, que podríamos colocar bajo el título de “fabricantes de artículos para escolares y dueños de librería y papelerías, y en alguna medida suministradores de insumos y servicios de factores primarios a los primeros”. Es concebible que el gobierno haya querido favorecer al primer conjunto –al gobernante uruguayo siempre le enternece la infancia, aparte de que estamos en el año internacional del niño– pero por más que me esfuerzo no puedo pensar en una razón para que haya querido perjudicar –o, si se prefiere, gravar– al segundo conjunto, que no parece ni más rico ni más reprensible que la mayor parte de los otros. Sencillamente, no sé cómo clasificar esta medida.
A propósito, ¿cómo clasificarían ustedes el reciente decreto por el cual se prohíbe a los frigoríficos y mataderos vender carne directamente a los restaurantes y parrilladas, y en cambio les conmina hacerlo a través de las carnicerías? Como fundamento el decreto invoca la policía sanitaria a que las carnicerías están sometidas, pero parece olvidar que la vigilancia de las condiciones higiénicas de los frigoríficos y mataderos no es menos estricta. La medida opera como un Impuesto a los clientes de restaurantes y parrilladas y un subsidio a los dueños de carnicerías, pero ése no puede ser su razón de ser, razonablemente. La medida se asemeja a otras que, de manera similar, imponen el recurso a determinados intermediarios, los cuales de otro modo serían salteados. Un caso es el de la llamada “defensa letrada obligatoria”, que obliga a emplear a un abogado a personas que podrían comunicarse directamente con los jueces sin menoscabo del orden del proceso, y otro el que fuerza a los importadores y exportadores a recurrir a los servicios de un “despachante” para poder comunicarse con la Aduana. Las medidas operan como una transferencia de riqueza desde los clientes a los intermediarios legalmente prescriptos, pero dudo que clasificarlas bajo el rubro “redistribución del ingreso” tuviese sentido.
Según otras disposiciones no son ya ciertos servicios de intermediación los que resultan obligatorios, sino el consumo de determinados bienes y servicios finales. Usted no puede, según una ordenanza reciente, consumir espectáculos cinematográficos sin comprar al mismo tiempo servicios de refrigeración o calefacción de la sala respectiva, y ya hace años que en Montevideo no se puede consumir pan en un restaurante sin comprar al mismo tiempo bolsitas de polietileno. Hay quienes sostienen que esta última medida tiene por fin proteger la salud del público; pero, digo yo, si la autoridad competente tiene información sobre los peligros que encierra el manejo antihigiénico del pan (pongamos que conozca estadísticas sobre la mortalidad causada en Francia por la costumbre de llevar las baguettes bajo el brazo, sin envolver) tendría que apresurarse a difundir esa información, en lugar de limitar sus efectos a una medida tan restrictiva como la antedicha. Después de todo, hay gente que sale a cenar una vez al año, y estamos dejando que arriesgue su salud en las 1094 comidas restantes, 1097 en los años bisiestos.
Hay gente que siente agudamente la necesidad de higiene y para quienes la visión del pan acondicionado en polietileno resulta reconfortante, y otra gente que es menos sensible a la amenaza de los microorganismos, y para la cual las bolsitas de polietileno, mientras envuelven el pan y sobre todo se apilan vacías sobre el mantel, lucen repulsivas. Hay gente que no es capaz de disfrutar de un espectáculo si no se brinda en una sala climatizada, y otra a la cual la cuestión de la temperatura la deja totalmente fría, o que en pleno invierno es capaz de arrostrar las inclemencias de un cine de barrio merced a la hondura de su percepción estética y a los servicios de una buena tricota de lana. Estas medidas no sólo implican una transferencia de ingresos hacia los suministradores de equipos de aire acondicionado y bolsitas de polietileno, sino además transferencias internas en la clientela de los cines y restaurantes, de los que disfrutan con el consumo de los bienes y servicios prescritos, y que los comprarían si el mercado les ofreciera la opción, hacia los que son insensibles a sus méritos, y tienen que subsidiar contra su voluntad al vecino de mesa o de butaca. Pero no es posible que sea ésa la finalidad perseguida por la autoridad que las impuso.
Mientras este escrito estaba siendo redactado, los elaboradores de cuero curtido peticionaban al gobierno para que prohibiera la exportación de esa su materia prima, invocando el interés nacional, por exportar el mayor valor agregado posible y por evitar la desocupación que de otro modo sobrevendría en sus empresas. El principal estímulo para que estos industriales abrigasen optimismo respecto del resultado de sus gestiones debe haber provenido de la existencia, desde tiempo inmemorial, de una prohibición de exportar ganado en pie, defendida en nombre de la preservación del nivel de empleo en los frigoríficos y en el del interés en exportar el mayor valor agregado posible: “¿Qué tienen los frigoríficos que a nosotros nos falte?” pueden haberse preguntado con razón los marroquineros y fabricantes de camperas de napa.
¿Estaríamos, por fin, ante un grupo clasificable de medidas? ¿Podríamos, en efecto, agruparlas bajo el encabezamiento respetable de “política de pleno empleo”?
Lamentablemente, hay dificultades para ello. Dificultades, dicho sea de paso muy semejantes a las que me disuadieron de ubicar el control del precio de los libros de texto y los lápices de colores bajo el rubro de “política antiinflacionaria”. Así como la inflación tiene poco que ver con un precio en particular, tampoco la ocupación plena guarda mayormente relación con ningún empleo en especial. Resultaría, entonces, que mantener a los trabajadores en una industria a costa de tener que subsidiarlos –y prohibir la exportación de una materia prima equivale a subsidiar a los que la usan a costa de quienes la producen– no propendería al pleno empleo sino a una reducción de la eficiencia media.
¿Y la balanza de pagos? ¿Podríamos ubicar la prohibición de exportar materias primas bajo este acápite? Infortunadamente, no. La balanza de pagos es, como la inflación, un fenómeno monetario. Ocuparse de incrementar cada rubro de exportaciones y disminuir cada ítem de importaciones, no conduce a nada. Conseguir la industrialización ulterior de una materia prima a costa de subsidiarla arriesga con disminuir el valor agregado que podrían producir los recursos que se mantienen artificialmente en un sector, donde sin subsidio ganarían menos, y por ende presuntamente producirían menos, que en los otros sectores hacia donde, a falta de intervención, se trasladarían.
Ya hemos visto que las intervenciones frecuentes nos obligan a consumir mercancías que no deseamos; otras veces nos prohíben consumir sustancias perfectamente inocentes. Una ordenanza bromatológica –y conste que hablo en serio– prohíbe vender margarina con un aditivo que le imprime el color amarillo a que los consumidores de manteca están habituados. No para salvaguardar la salud pública –la inocuidad del colorante no está en tela de juicio– sino para evitar que el público compre margarina cuando quiere manteca. Dado que la misma ordenanza obliga a poner la palabra margarina en el envoltorio con caracteres mayores que los de la marca, tal precaución parece excesiva. La medida funciona en realidad como una transferencia de los consumidores con una escala de preferencias volcada hacia las grasas vegetales en favor de los fabricantes de grasas animales y sus proveedores de insumos. Pero vaya usted a clasificar la medida en base a eso. Y así sucesivamente, ad nauseam. Nos movemos en una verdadera selva de reglamentaciones y medidas que embarazan la marcha y que no son siquiera inteligibles en función de las metas que la literatura dirigista considera admisibles. De común sólo tienen, todas estas reglamentaciones y medidas, al operar como otros tantos impuestos y subsidios, y a quienquiera se le ocurra penetrar por el entretejido de transferencias implícitas para desentrañar su efecto distributivo neto, me permito recomendarle se dedique a lograr la cuadratura del círculo, que en comparación es tarea de principiantes. Lo que no es difícil concluir es que el resultado productivo neto de esta tropical floración reglamentaria es un despilfarro de recursos en escala colosal.