Hace pocos días, el Presidente de ANCAP, Brigadier Jorge Borad, anunció que en el corriente año el Ente que preside entregará a Rentas Generales, por disposición expresa de dos Decretos, unos 20 millones de dólares, procedentes de los beneficios obtenidos en 1980. La forma del anuncio dejaba traslucir que dicho aporte no afectaba patrimonialmente a ANCAP y aún que la cuantía del aporte constituía una prueba tangible de la eficiencia de la gestión de ANCAP y de que no se grava al gasto público.
Sin embargo, ante este hecho cabe formular ciertas interrogantes. En primer lugar, extraña que esa contribución sea establecida por decreto del Poder Ejecutivo y no por ley ya que siempre se fijaron por ley las contribuciones de los Entes Autónomos a Rentas Generales: al principio, como un porcentaje de sus beneficios y, más tarde, como cantidades fijas que se modificaban en oportunidad de la sanción de las leyes presupuestales. En segundo lugar, cabe preguntar si este aporte significa o no un deterioro patrimonial para ANCAP. Si lo significa, estamos frente a una arbitrariedad del Poder Ejecutivo que por medio de un decreto y en uso de una potestad tributaria que no posee, establece un impuesto a ANCAP. Y si no lo significa, estamos frente a un beneficio excesivo de ANCAP obtenido en virtud de su poder monopólico. Este beneficio no dice nada acerca de la eficiencia o ineficiencia de la gestión del Ente. Pero sí dice que ANCAP ha aplicado un impuesto a la población vía tarifas más elevadas de las que hubieran sido necesarias para cubrir sus costos de explotación, para mantener los stocks energéticos necesarios y para amortizar sus inversiones. En ambos casos, entonces, estamos frente a un impuesto cobrado a ANCAP y/o a los consumidores que no posee un fundamento legal claro.
Este hecho es francamente preocupante. En primer lugar, porque constituye una clara violación del principio de que "no hay impuesto sin representación", máximo garante de la limitación del poder del gobierno y, por tanto, piedra angular del Estado de Derecho. Cuando en 1215 los nobles ingleses le dijeron a Juan sin Tierra que no habría más impuestos sin su consentimiento, se sentaron las bases más firmes del Estado de Derecho y de la democracia representativa. Aunque en estos días que corren los impuestos no se votan en el Parlamento, no deja de preocupar el hecho de que las empresas públicas tengan el poder de establecer, con acuerdo del Ejecutivo, impuestos a los ciudadanos. Se abre así una puerta a la arbitrariedad y se compromete seriamente el ejercicio de una auténtica democracia representativa, que es uno de los objetivos de este proceso cívico militar.
En segundo lugar, los efectos económicos de semejante impuesto son sumamente perniciosos. Al no ser un impuesto identificable e integrado en el conjunto de la política fiscal —como son los impuestos indirectos a los combustibles—, trastorna toda la estructura de los precios relativos, castigando más a aquellos productos o servicios en los que el insumo combustible tiene mayor incidencia. Por otra parte, no cabe duda que incrementa el nivel general de precios ya que todos los productos y servicios que se consumen en el país contienen este insumo como parte del valor agregado, aunque más no sea en la etapa de transporte. En estos dos aspectos, no cabe duda de que ANCAP está conspirando contra la política antiinflacionaria del Ejecutivo.
Pero además, cabe señalar que este impuesto pesa en mayor medida sobre los sectores productivos como el agro y la industria, que no siempre pueden trasladar este mayor costo a los precios. Y es sencillamente inadmisible que en momentos en que el gobierno exige a estos sectores mayor eficiencia reduciendo la protección y abriendo el campo a la competencia, se coloque un peso mayor sobre las espaldas de estos sectores vía tarifas excesivas, impuestas en virtud del privilegio monopólico. Lo menos que puede decirse es que el gobierno pierde autoridad para exigir eficiencia y para oponerse a reclamos que implican una transferencia de recursos. Si los sectores productivos se ven obligados a caminar con una pesada piedra en la espalda —el peso del sector público— cual modernos Sísifos, podrán con pleno derecho y justicia exigir otras transferencias que compensen esta abrumadora carga.
En su alocución del pasado 11 de agosto, el Cr. Arismendi señaló que debe reducirse el tamaño y el gasto del Estado como forma neutra de reducir la presión tributaria. El propio Presidente de la República se refirió a dicho tema en su discurso inaugural, reconociendo que poco se había avanzado sobre el particular en los últimos 5 años. Si de veras se quiere avanzar por ese camino, debe eliminarse los monopolios legales que dan a los Entes una potestad impositiva espúrea y equipararlos en su régimen jurídico, impositivo y contable a las empresas privadas. Sólo así se evitará comprometer seriamente el éxito de esta política; sólo así se podrá exigir eficiencia a los sectores productivos y, lo que es más importante, sólo así se podrá fundar una auténtica democracia. Ahora el gobierno tiene la palabra... o mejor dicho, la acción, porque a esta altura de los acontecimientos las palabras ya no tienen más valor.