Fueron estimulantes las opiniones dadas a BUSQUEDA por el Rector Viana Reyes. Entre otras cosas, porque se percibe en ellas una alta estima por el camino dialéctico hacia la solución de los problemas nacionales que hacía tiempo se echaba de menos en nuestras autoridades. Luego de exponer elocuentemente una firmísima convicción de que la enseñanza pública debe persistir de manera indefinida, el Rector expresó que sobre ese tema podrían suscitarse polémicas muy interesantes. Respecto de la vertiente financiera de la cuestión, declaró no poseer una posición definitiva, apuntando hacia la posibilidad de discutir ampliamente el punto. Nuestra publicación, cuyo mismo nombre se dirige a exaltar la búsqueda dialéctica, saluda complacida este cambio de estilo.
Aparte de disponernos gustosos a polemizar muy pronto sobre la temática en que discrepamos, nos apresuramos a destacar la otra temática, sobre la que estamos de acuerdo. "Creo que el país, manifestó el Dr. Viana Reyes, debe aceptar como un hecho necesario para su evolución la existencia de... centros privados de educación superior". Pues bien, ni que decirlo, nosotros creemos lo mismo. Todo el mundo, si excluimos los totalitarios, es de presumir que lo crea. No cabe en realidad ninguna otra cosa. Y si alguien duda, cerciorémonos. Los que prefieran preservar el monopolio, lo dirán. Y entonces polemizaremos. Pero tal vez no sea ello necesario. Tal vez el país posea esa condición ideal para actuar: el consenso. Podríamos entonces abrir sin más el campo de la enseñanza superior a la competencia. Sin hablar siquiera por el momento de suprimir la universidad oficial, que es una cosa bien distinta. En casi todos los países hay estatutos legales que reglamentan la constitución y funcionamiento de universidades privadas. El Uruguay es de los pocos que no posee uno; en Latinoamérica sólo Cuba y Haití, aparte de nosotros, carecen de Universidades privadas. No parece que pueda ser difícil redactar un estatuto adecuado.
Cuando se habló no hace mucho, a propósito de declaraciones del Ministro Arismendi, de eliminar los monopolios de que gozan las empresas estatales, desde algunos centros de opinión estatista se hizo la defensa de los entes autónomos, lo que no estaba en el tapete. Por la razón tal o cual se aducía, no se debe privatizar. Pero el Ministro Arismendi no había dicho ni una palabra sobre la privatización de esas empresas. En cambio, había formulado una condena radical de sus monopolios. Como no había argumentos para defender éstos, el tema se desplazaba hacia una zona en que los promotores del estatismo creían hallarse en posición más sólida. No debemos dejar que esto vuelva a ocurrir.
A propósito de la enseñanza superior, en suma, se insinuó la existencia de un consenso en el sentido de eliminar el monopolio que la Universidad oficial posee de facto por falta de un estatuto que defina el valor de los grados académicos, o los títulos, que confieran los institutos privados.
Si ese consenso existe, el país debe aprestarse a llenar dicho vacío legal sin la menor demora. Ello rendirá un servicio distinguido a las causas de la cultura y el desarrollo económico, y sobre todo a la causa de la libertad.
Si resultara no existir consenso, contra lo que es dable suponer quienes se opongan al pluralismo deben decirlo. Y al hacerlo, deben asimismo expresar sus razones. Que tendrán que ser muy sólidas para defender un estado de cosas claramente excepcional fuera del área del mundo sojuzgada por el comunismo.
El Eclesiastés dice que hay un tiempo para cada cosa, y sin duda hay un tiempo para polemizar, y otro tiempo para actuar. Es preciso, con la mayor premura posible, determinar en qué tiempo nos hallamos en el Uruguay, a propósito de la enseñanza superior.