El anuncio del Rector Viana Reyes, de que este año también habrá prueba de admisión, ha suscitado la cuota de angustia que los antecedentes permitían anticipar. La precisión del Rector en cuanto a que se trata de una decisión de emergencia, a ser cuidadosamente reestudiada, debe haber reconfortado a algunos, pero no mucho a los estudiantes que aspiran a entrar en la Universidad el año próximo, máxime los que fracasaron el año pasado, y a sus respectivas familias.
Con la debida comprensión para esa clase de ansiedades, nos permitiremos señalar que la cuestión universitaria que los uruguayos tenemos por delante no es la cuestión del examen de admisión; que ésta no es de aquélla sino un pequeño fragmento; y que la despreocupación generalizada por el problema mayor perjudica el derecho de los inquietos por la prueba de entrada a ponerla en tela de juicio.
Nos parece que algunas consideraciones sobre la cuestión general vuelven a ser oportunas:
- No hay universidades gratuitas. Por lo general, los institutos de enseñanza superior son altamente costosos, puesto que insumen recursos materiales y humanos de alto valor. Si se quiere aumentar la inversión en servicios docentes universitarios hay que reducir el consumo de otras cosas. Cada vez que los uruguayos decimos que la universidad es gratuita corremos un velo sobre esta verdad fundamental.
- La aspiración de que todo joven que termine sus estudios secundarios pueda tener acceso a la educación superior debería ser vista en perspectiva. Las de que toda persona pueda ingerir cotidianamente una nutrición suficiente, cada familia pueda tener una vivienda saludable y decorosa, y todo enfermo pueda recibir atención médica adecuada, son aspiraciones de un orden semejante, a las que sería difícil negar un orden prioritario superior. Sin embargo, rompe los ojos que nuestra sociedad se ha comportado como si la primera fuera más apremiante. Con ello se han transferido recursos de los estamentos más humildes a las clases medias, que no sólo por coincidencia han predominado entre los gobernantes y legisladores.
- Poner una prueba de admisión a la universidad equivale a racionar el acceso a los servicios de enseñanza universitaria supuestamente por capacidad intelectual. Cuestionar ese método puede suponer una de dos cosas bien distintas: o bien preferir, como preferimos nosotros, otros medios de racionamiento, o bien sostener que no precede ningún medio. Y en rigor esta segunda posición es indefendible. Primeramente en mérito a los puntos que ya se señalaron. En segundo lugar porque si, de hecho, implícitamente, hay una decisión social en el sentido de poner un tope al flujo de recursos a invertirse en educación superior, el equilibrio entre la oferta y la demanda se logrará bajando la calidad de los servicios (clases atestadas, profesores inaccesibles, y aun inaudibles, laboratorios y otros equipos de capital insuficientes) hasta que el número de interesados sea compatible con aquella decisión implícita. Y esto es una de las cosas más estúpidas y despilfarradoras que puede hacer una sociedad.
- Al mismo tiempo, hay que descartar que el examen de admisión pueda medir de alguna manera medianamente adecuada las cualidades de los aspirantes que permitirían maximizar el valor de la inversión que va a hacerse durante años, lo que obviamente depende de aptitudes intelectuales demasiado variadas y complejas para calibrarse en una prueba escrita multitudinaria y, lo que es más importante aún, de otras facetas de la personalidad de los candidatos —la tenacidad, la intensidad vocacional, la sensibilidad son ejemplos obvios— que el examen ni siquiera intenta aprehender.
- A modo de conclusión digamos, poniéndonos por este instante hegelianos, que si la tesis es el ingreso libre, y la antítesis es la prueba de admisión, la república necesita una síntesis que supere esta oposición totalmente parcial, que emerja de un enfoque global de la cuestión, y comience desechando todos los mitos y prejuicios que la enturbian.