De ninguna manera puede aceptarse que el sistema financiero persista un lapso considerable en su actual condición sin que en el Parlamento y otros foros en que la opinión ciudadana pueda ventilarse se debata al respecto con amplitud. Hay razones jurídicas y económicas, y políticas por tanto, para estimar que la actual situación es insostenible.
Comencemos, para ubicarnos, considerando las declaraciones del presidente del BROU sobre el futuro de las entidades que han entrado recientemente en su órbita patrimonial. "Si estos bancos quedarán o no en la órbita del Estado", declaró a la prensa, "es un tema del Parlamento, no del BROU". Totalmente de acuerdo, pero, la actual estatización de las instituciones, ¿no era también de competencia parlamentaria?
En ese sentido nos parece sólida la posición del representante del FA en el Directorio del República, Cr. Juan Young, que ha manifestado, ahora como cuando se trató de la absorción del Comercial, que él se consideraba designado para dirigir el BROU, "y no para comprar bancos".
Hemos oído el argumento de que la carta orgánica de esta institución la autoriza a comprar acciones, pero es inconcebible que seriamente se pretenda que esa disposición, que apenas si roza la materia en cuestión, pueda usarse para pretender obviar (entre otros obstáculos, según se verá más adelante) las normas que regulan estrictamente la ampliación del dominio comercial del Estado contenidas en los artículos 185 y 189 de la Constitución. Si se desea aducir que el trámite parlamentario habría sido demasiado lento para enfrentar verdaderas emergencias, como las configuradas por las corridas bancarias que precipitaron la intervención del BROU, es preciso recalcar que el único medio constitucionalmente hábil para saltear el pronunciamiento parlamentario en primera instancia sería la adopción de "medidas prontas de seguridad", sobre la base que la insolvencia de los respectivos bancos habría comportado un estado de "conmoción interior". Ello habría surtido la ventaja importante de volver explícita la intervención del Poder Ejecutivo, que de hecho se mantuvo en la penumbra de reuniones políticas en la cumbre, sobre las cuales la información que fluye hasta el ciudadano común es siempre insuficiente.
Indiscutiblemente, el instituto de las "medidas prontas de seguridad" salió con mal nombre del período presidencial del Sr. Pacheco Areco, no obstante lo cual es preciso destacar que él posee un sólido fundamento en la Constitución, y que, si bien el recurrir a él con exceso hizo que el Sr. Pacheco anduviera por el perfil de la constitucionalidad, los que pretenden prescindir del instituto inmencionable corren un tremendo peligro de caer directamente fuera de ella.
Otra ventaja de las "medidas prontas" consistiría en la intervención del Parlamento que ellas habrían necesariamente suscitado. En el caso del Comercial la interpelación al ministro de Economía por legisladores del FA pudo suplir aquel tipo de intervención, pero la total confusión en que se sumieron los interpelantes respecto de la verdadera naturaleza de la operación y su consiguiente insistencia en hablar de ella como si hubiese sido de ayuda a los banqueros, cuando en realidad fue de ayuda a los bancarios, frustró la ocasión de manera total.
Si una institución bancaria se ve amenazada por la quiebra, el gobierno puede hacer dos cosas: una, dejar que los acontecimientos sigan por la senda prescrita por la ley, que para el caso de cesación de pagos es la liquidación judicial; otra, rescatar a la institución antes de su total naufragio. Si el gobierno opta por la segunda alternativa, debe comprometer los recursos reales de los contribuyentes, o sea que aquí encontramos otro fundamento para considerar insalteable la intervención del Parlamento; pero hay que tener presente que la operación de rescate puede detenerse a distintos niveles: puede limitarse a los depositantes, como ocurriría si el Estado procediera a liquidar la institución insolvente pero garantizado el pago del 100% de los depósitos; o puede alcanzar también al personal, por ejemplo desapoderando a los accionistas pero manteniendo la empresa en funcionamiento y bancando sus pérdidas; o puede, mediante una inyección de recursos reales (digamos, a través de una compra de cartera) salvar también la participación de los accionistas. Esto último no tendría sentido, excepto en la medida que el Estado fuera responsable del deterioro patrimonial de la Institución. Salvar a los depositantes puede tener sentido para preservar la credibilidad de todo el sistema. Pero lo que parece haberse hecho en el caso de las cuatro instituciones absorbidas (Pan de Azúcar, Italia, Comercial y Caja Obrera), es decir, permitir la pérdida de su capital por los dueños, pero englobar al personal en el rescate, manteniendo en operación las empresas, pese a su carácter deficitario, y para ello llevando a cabo una transfusión permanente de recursos reales, o sea vertiendo un subsidio limitado con cargo a la comunidad de contribuyentes, sólo se justificaría si los empleados de la institución pertenecieran a una clase especial y a algún título privilegiada, de ciudadanos. Y si bien puede al menos parecer problemático que ese deba ser el caso, lo que fuera de toda duda es inadmisible es que el subsidio se pague sin la autorización del Parlamento nacional.
En otras palabras, la operación de compra o absorción de bancos, en forma directa o indirecta, indudablemente tiene un costo, y lo mismo cabe decir de cada una de sus partes. El Cr. Young, hablando del último tramo, del tramo Caja Obrera, expresó: "Lo que surge claro de las cifras es que habrá un costo y que ese costo será importante". Nos parece una declaración inquietante, y sentimos urgencia en conocer las cifras a que se refirió. Es intolerable que haya cifras y que a nosotros, los contribuyentes, los ciudadanos, los dueños del Banco de la República, los llamados a soportar el costo en cuestión, esas cifras se nos oculten.
Al mismo tiempo, por supuesto, nos parecen carentes de plausibilidad las palabras del presidente Sienra, según las cuales aquel costo por ahora es cero. Cuentan que uno que cayó del techo del Palacio Salvo, al pasar por el 5º piso declaró que todavía no había sufrido ningún costo por la caída, y nosotros mucho tememos que aquél sea un caso similar de optimismo. Aunque todavía no le haya llegado ninguna cuenta el BROU debería ir tomando provisiones para las que se avecinan; y, con la experiencia que ha estado acumulando recientemente, ello no debería resultarle difícil.
Naturalmente, la responsabilidad por informar a los ciudadanos no incumbe al presidente del BROU, cuya reticencia bien puede ser imputable a la discreción que el cargo le impone, sino al Poder Ejecutivo. Este debería enviar con gran premura un mensaje al Parlamento, con las siguientes finalidades mínimas:
1) Cuantificar el costo de las operaciones que el BROU ha llevado a cabo por cuenta y orden del gobierno, y proponer la financiación correspondiente a través de la creación legislativa de impuestos.
2) Comunicar al menos (es decir, si aún no le es posible enviar un proyecto de ley al respecto) cuáles son concretamente sus planes sobre el futuro de las instituciones, incluyendo el cronograma respectivo.
Sobre lo primero nuestros lectores sin duda encontrarán obvio que no es ni justo ni razonable arriesgar el desfinanciamiento del BROU haciéndole absorber una pérdida considerable sin límite cronológico definido, y nos eximirán por tanto de fundamentar nuestra sugestión. Sobre lo segundo deseamos formular algunos comentarios antes de concluir.
Acerca del futuro de las instituciones absorbidas por el BROU conocemos por el momento tres posiciones, a saber:
En primer término, la del gobierno, que se propone restituirlas algún día, sin ningún grado de concreción, al sector privado.
En segundo lugar, la del FA, que se ha opuesto firmemente a lo resuelto hasta ahora por el gobierno (es decir, a la estatización) y en lo sucesivo se muestra dispuesto a oponerse, con igual firmeza pero con algo menos que total coherencia, a la reversión de las transacciones que ha objetado (es decir, a la reprivatización).
Finalmente, la que hemos oído en círculos bien informados de la city montevideana, y a la cual nos adherimos nosotros, que sostiene que la devolución de las instituciones al sector privado no sería factible dentro de un futuro cercano, porque en la situación del sector financiero uruguayo, actualmente caracterizado por un claro sobredimensionamiento, no sería realista confiar en encontrar interesados. Lo que no dejaría otra salida más que la liquidación. Pero sobre este punto tendremos que regresar con más tiempo.