"Podrán instalarse compañías privadas de teléfonos en todo el país. Se podrán abrir bocas de expendio para combustibles. Se permite la explotación de ferrocarriles privados. Pueden instalarse compañías aéreas de cabotaje e internacionales". Las noticias, difundidas el 19 del mes en curso, son buenas, pero ajenas: están transcriptas de un diario porteño, y se refieren a la República Argentina.
Aquí las cosas son muy distintas, el ritmo dolorosamente otro. En un coloquio realizado en la Cámara de Industrias también el 19 de agosto, en el que nuestro director participó junto con los senadores Jorge Batlle, Luis Alberto Lacalle, y Hugo Batalla, se recogió la impresión de que la cosa iba para largo, y que el Uruguay está en peligro de quedar al margen de la ola de modernización y desregulación que está transformando al mundo.
Es cierto que el senador Lacalle pudo recordar que ha presentado dos proyectos de ley, dirigidos a acabar con sendos monopolios de jure, el de diversos seguros, establecido como privilegio del BSE, y el del alcohol de que es titular ANCAP; pero el autor de las iniciativas tuvo que reconocer que ellas no están registrando progreso apreciable. Concretamente acerca del monopolio de los seguros anunció que el Senado había solicitado la opinión escrita del Directorio del BSE, y que éste demora su respuesta desde hace ya nueve meses. Siendo notorio que el Directorio del BSE publicitó por la prensa la defensa de su privilegio apenas el año pasado, es impensable que su omisión de responder al pedido del Senado pueda deberse a otra causa que al desembozado propósito de alargar, tal vez indefinidamente, el trámite respectivo, contando con la anuencia tácita del alto cuerpo cuya solicitud está desairando.
El senador Lacalle no dijo qué medidas ha adoptado para el procesamiento de sus proyectos antimonopólicos, ni tampoco se mostró preciso sobre las razones que le llevaron a proponer la eliminación de dos monopolios solamente. Si bien afirmó que la prudencia aconsejaba esa supresión, y por el momento no otras —así interpretamos nosotros su apelación al buen padre de familia del Código Civil para que deslindara los monopolios malos de los buenos— no pudimos columbrar en su exposición las razones por las cuales el monopolio de mayor significación económica, el del petróleo, y todos los demás, eran excluidos sine die de su iniciativa modernizadora.
En cuanto a los senadores Batlle y Batalla, sus exposiciones tuvieron muchos rasgos en común. Ambos mantuvieron fuera del tema la mayor parte de sus comentarios, y eludieron visiblemente un pronunciamiento sobre el objeto central de la conferencia. Algunos observadores expresaron que ya era mucho que los representantes de dos colectividades políticas estrechamente asociadas al pensamiento estatista, una de ellas progenitora de todos los monopolios vigentes o muy poco menos, se aviniesen a admitir que algunos monopolios podrían ser eliminados en un futuro no precisado. Pero nosotros encontramos deprimente que dos líderes políticos de primera línea se mostrasen dispuestos a refugiarse en vaguedades e imprecisiones a fin de rehuir un pronunciamiento.
La principal imprecisión a que recurrieron fue la de confundir los conceptos de desmonopolización y privatización. Ambos defendieron al dirigismo y sostuvieron que había cumplido un positivo papel en nuestra historia, por más que esa cuestión fuera totalmente ajena al temario. El senador Batalla, por ejemplo, sostuvo que era partidario de que con contadas excepciones, hubiera un ente testigo estatal en cada sector de actividad, siendo así que es evidente, e inconcebible que escapase a la percepción del experimentado parlamentario, que el concepto de ente testigo es estrictamente antinómico con el concepto de monopolio.
Análogamente, el senador Batlle sostuvo que el nacimiento del monopolio de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica surgió a raíz de la quiebra de una compañía privada que desempeñaba esas actividades. Pero sin duda el senador Batlle percibe con toda nitidez que el monopolio de que es titular UTE no es el mandato que tiene para generar energía y ofrecerla a los usuarios, que bien pudo recibirlo originalmente como consecuencia del insuceso financiero de una empresa privada, sino que monopolio es el uso del poder del Estado para impedir a cualquier particular la entrada al mismo mercado con el fin de competir con el ente oficial; y no hay talencia de nadie en el mundo, ni la ha habido jamás, que pueda explicar por qué si usted tiene un generador y yo, su vecino, quiero comprarle energía durante los apagones que UTE nos depara, ese negocio sea proscrito por la ley, y quienes lo realicen sean pasibles de severas sanciones.
De manera semejante, el senador Batlle dijo que la intervención de particulares en el sector comunicaciones le parecía deseable, pero pasó enseguida a confundir la venta o privatización de ANTEL con la eliminación de su monopolio. Y sobre el origen del monopolio en materia de teléfonos, el mismo expositor pretendió asociarlo con el propósito del Estado de extender los respectivos servicios a zonas alejadas, que las compañías privadas no atendían, cuando sin duda debe encontrar transparente que ello pudo tal vez explicar que el Estado entrase en el mercado, pero nunca que le cerrase las puertas en las narices a quienquiera deseara seguir sus pasos y ponerse a competir con él.
Los monopolios no existen porque alguien haya quebrado, ni porque las autoridades deseen servir mejor a los consumidores, sino porque los hombres que han ocupado posiciones de poder han deseado potenciar su influencia y ponerse en situación de transferir riqueza sin necesidad de requerir autorización parlamentaria. Este fue el mensaje que nuestro director —el único entre los expositores que habló contra los monopolios sin reservas, aunque a su vez los considerase compatibles con la propiedad del Estado, ya que pueden cohabitar en cualquier forma de empresa, lo mismo en las del Estado que en las privadas— carecen de toda justificación racional, basándose en razonamientos que ningún otro de los presentes intentó refutar. El demostró terminantemente que los argumentos más usados —los basados en el "monopolio natural", en motivos fiscales, en razones de balanza de pagos y en la pretensión de que ciertos servicios no son aptos para la competencia— jamás operan en cuestiones de utilidad para apuntalar ninguna clase de monopolio.
Sin referirse a su planteamiento, el senador Batlle puso en tela de juicio la utilidad del análisis, aduciendo que no era aconsejable ponerse a deslindar lo que ha sido bueno y malo del pasado, y, en cambio, sí, lo que conviene al interés nacional para el futuro. Como sea posible hacer tal cosa sin leer las lecciones que brinda la historia, más aún, cómo la mejor forma de mirar hacia el futuro sea hacerle desplante a ellas, dándole vacaciones a la razón, sin que el lector se sienta agraviado, es algo que el senador no intentó explicar. Sí sabemos, en cambio, porque nos lo expuso con todo detenimiento, que dichas las cosas para él son sumamente complicadas. Tan complicadas son que no admiten para su solución otras concepciones que la del proverbial gradualismo. Cuál sea la señal que nos habilitará a dar el primer paso en tal dirección es ya algo que el senador no nos dijo: hay que aguardar que la inspiración descienda de lo alto sobre un puñado de líderes iluminados. En otras palabras, no se trata de temas aptos para el común de las gentes, e incurren en temeridad quienes pretendan inmiscuirse en ellos asistidos apenas de algunos rudimentos teóricos, máxime que la teoría —como el senador recalcó— suele ser contradicha por la realidad.
Nosotros oímos siempre al senador Batlle con respeto; pero esta vez, como creemos ver tan claro en este asunto de los monopolios, como nos parece tan patente que son instituciones que nunca obedecieron más que al propósito de sus promotores de incrementar el poder de los gobernantes sobre nuestra sociedad, como encontramos tan flagrante que sólo expoliación a los consumidores ha resultado de ellos, incurriremos en la osadía de insistir: creemos que los monopolios deben derogarse, y deben derogarse todos, y deben derogarse lo antes posible.
No pretendemos que ello haya de ser fácil. Al contrario, los hechos muestran que, en nuestro país, estas instituciones tienen la muerte difícil. Y nosotros creemos saber por qué: una mezcla de intereses creados, y de la resistencia de quienes sienten a sus partidos consustanciados con el origen de los monopolios, explican la tenacidad de éstos, desusada en el mundo. Pero ninguna de estas consideraciones debe intimidarnos. Nosotros tenemos un deber cívico muy claro: decir nuestra verdad con todo el volumen de voz de que seamos capaces, sin dejarnos disuadir por cargos, ni linajes, ni nada que no sea la razón. Y si la razón está, como creemos, de nuestro lado, tenemos que tener fe en que convenceremos y convenciendo venceremos. En democracia las cosas son así.