En la Argentina acaban de derogarse todos los monopolios estatales, con excepción del de YPF sobre el petróleo. En Gran Bretaña, los empleados públicos que han pasado al sector privado exceden del medio millón. Los social demócratas en España e Italia privatizan, desregulan, promueven la competencia. Hasta en Polonia acaba de aprobarse una reforma económica que, según las palabras del embajador polaco en Buenos Aires, incluye entre sus objetivos "la introducción de la competencia como elemento estimulante de la efectividad y la rentabilidad". Y en la URSS, paraíso del monopolio estatal, la perestroika comienza a fisurar los cimientos de la colosal estructura colectivista... Diríase que sólo en el Uruguay el monopolio del Estado resiste con uñas y dientes el destino ineluctable que sobre él se cierne.
El Banco de Seguros del Estado (BSE) y ANCAP han enviado al Senado sendos memorandos con ocasión de dos proyectos de ley presentados por el senador Luis Alberto Lacalle, donde se propone la derogación de todos los monopolios del BSE y el relativo al alcohol de que ANCAP es titular. Ambos documentos forman parte de esa estrategia de defensa desesperada, donde los enormes huecos que deja la lógica son llenados por un exorbitado apego a los privilegios.
Los dos documentos poseen muchos rasgos en común. En primer lugar, ambos sobreargumentan su caso de manera abrumadora. A estar a ellos, todos los efectos del monopolio habrían sido positivos, en realidad salvadores, todas las consecuencias de su eliminación amenazan ser funestas. El memorando del BSE es el que más acentúa esta faceta. El ministro de Hacienda que en 1911 prohijó la creación de su monopolio es calificado de "brillante" y "clarividente"; los legisladores que lo votaron, de "lúcidos"; los antecedentes y fundamentos que se esgrimieron en 1911 vuelven a merecer el epíteto de "brillantes". El documento propone la conclusión de que "el quehacer del BSE está inspirado en la más limpia cautela de los intereses nacionales, y debe continuar administrando el monopolio que la ley puso en manos del Estado, participando en el desarrollo, como fuente inmejorable e insustituible de significativos recursos". ¿Qué tal?
Otra característica común de ambos documentos consiste en que ninguno enfrenta la verdadera cuestión que en rigor se les planteaba, a saber: ¿qué tienen de particular los seguros y el alcohol para que la libertad de industria y comercio, que es el régimen general consagrado por nuestra Constitución, deba en sus casos ceder ante el monopolio? En ambos, en efecto, se argumenta como si el monopolio fuera una alternativa generalmente válida respecto de la libertad de industria y comercio. Así, el BSE expresa:
"Podría compartirse que despertara antipatía un monopolio... privado, que suele actuar con desprecio absoluto del interés público, de la economía en general y de la calidad de servicios que requiere el usuario. Sorprende, en cambio, que se ataque el monopolio estatal, que surgió para defender el interés general en acatamiento a la esencia del Estado".
Acontece, sin embargo, que la Constitución de la República afirma enfáticamente el principio de la libertad de comercio e industria (artículo 36). Si el monopolio estatal fuera el desiderátum, no tendría sentido sostener aquel principio. Hay, por supuesto, países que se afilian al principio del monopolio estatal. La URSS, Cuba, Albania y Kampuchea son algunos de los que abrazan esa concepción del Estado y la economía. El Directorio del BSE por cierto no está solo. Pero por el momento su argumentación choca frontalmente contra nuestro sistema constitucional.
El memorando de ANCAP insinúa una peculiaridad resaltante del producto que atañe a su caso, consistente en el peligro para la salud humana que se deriva del consumo excesivo de alcohol, así como de la ingestión de calidades inferiores. En tal sentido, invoca para el monopolio el mérito notable de haber convertido al Uruguay en "un país donde no existen trastornos neurosíquicos degenerativos graves y permanentes que afecten a la población, como secuela del alcoholismo".
Esta premisa podría haber servido de base a un argumento sólido, el único que, propiamente, habría entonces engalanado la universalidad de ambos documentos. Pero, naturalmente, para que ese único argumento consistente llegara a cuajar habría que haber apuntalado la desnuda afirmación con pruebas. Y tal vez porque esto debe ser bastante más difícil que aquello, ANCAP en definitiva opta por la simple profusión de argumentos, con sacrificio despiadado de la calidad.
Entre los muchos hilvanados con poca convicción y ninguna coherencia por el ente, hay uno que merece mención, por no estar exento de gracia. En tres lugares distintos de su exposición, ANCAP se duele del alto precio que debe pagar por las materias primas alcoholígenas. En uno de esos tres lugares afirma que en el mundo en general las melazas y orujos son subproductos industriales de escaso valor. No así en el Uruguay, se lamenta enseguida. Lo que no nos aclara es quién infla de tal manera los precios de esos subproductos. Pues —¿qué duda cabe?— el que lo hace es el único que puede hacerlo, el único agente legalmente autorizado a comprar esos materiales: el monopolista que es también monopsonista, ningún otro más que la mismísima ANCAP.
Pero entre muchas afrentas al sentido común y a la lógica, ninguna se acerca a la que ahora vamos a mencionar. ANCAP se lamenta de que las reglas de juego con que debe operar, las normas sobre administración y control que rigen para el sector empresarial del Estado, le imponen ineficiencias de que no es responsable, y que a su vez éstas inhiben su capacidad para competir con empresas privadas. A punto tal que, si el monopolio se derogara, ANCAP se vería obligada a retirarse del mercado alcoholero. Como esto sería catastrófico para las finanzas del ente, el monopolio debe mantenerse. En toda la historia de la dialéctica, nunca tan pocos tuvieron la osadía de insultar con tan poco pudor la inteligencia de tantos.
Para concluir, tal vez lo más importante: ambos memorandos comparten una extraña e inexcusable reticencia. Ambos por igual omiten por completo referirse al hecho de que ni uno ni otro puede citar un solo caso, fuera del área marxista —donde el Estado en principio lo monopoliza todo— de países donde los mercados de alcohol y seguros funcionen bajo el régimen de exclusividad. Este es un rasgo exótico del Uruguay, y en todo enfoque honesto del tema debe hacerse cuestión de él. Si el monopolio estatal en esas dos áreas se acercara a ser una panacea —y los dos documentos no dejan entrever ninguna duda en cuanto a que lo son— ¿cómo es que los demás países no comunistas dejan de percibirlo? Si el funcionamiento de uno y otro monopolio en el Uruguay, el del alcohol por más de medio siglo, y el de los seguros por tres cuartos de siglo largos, ¿cómo es que nadie ha estado observándonos, y apresurándose a imitarnos? El documento del BSE nos informa que en España operan más de 600 compañías de seguros, más de 200 en la Argentina. Señor Felipe González, señor Raúl Alfonsín: tienen ustedes ojos y no ven, oídos y no oyen. Después no se quejen si las cosas no van tan bien como quisieran.
Según decíamos, sobre esta objeción sencillamente monumental, ni una palabra en los dos alegatos, de ninguno de los cuales cabe encomiar la brevedad. Convendría que las cúpulas pensantes de ambos entes sacudieran la modorra típica del monopolista y se pusieran a buscar al respecto alguna respuesta. Deberían tomar conciencia de que, por muchas palabras que hayan amontonado, la defensa de sus privilegios, en rigor por ahora no ha comenzado. Deben pensar, y pensar pronto, porque todo indica que la gran ola histórica de liberalización ya no demorará mucho en llegar a nuestras playas.