El voto en bloque del Partido Nacional y del Frente Amplio en la Cámara de Diputados por el proyecto de aguinaldo a los pasivos me ha dejado sobremanera inquieto, por más de una razón.
En primer término, porque el voto, por carecer el proyecto de iniciativa parlamentaria, se ha efectuado en abierta y reconocida contravención a la Ley Fundamental de la República. Hace muy poco la TV me infligió la imagen de un Representante Nacional, de cuyo nombre querría olvidarme, que dijo poco más o menos esto: el proyecto es justo, es inconstitucional, esperamos que el Presidente no lo vete. ¿Adónde más podríamos ir a parar? Esperamos que el Presidente viole su juramento, que anteponga una noción de justicia, la de otros o la suya, no interesa, a la soberanía del derecho en su máxima expresión. A esta altura es harto evidente que los parlamentarios en su mayoría —por lo menos, a la vista está, en la Cámara de Representantes— se sienten por encima de la Constitución. Presumiblemente esa Ley se aplica al común de los mortales, muy especialmente a los militares, pero su vigencia se detiene al llegar a los umbrales del Palacio Legislativo.
En segundo lugar, me preocupa del voto de este proyecto su específico contenido. Si hay un sector social que está sufriendo, material y moralmente, el terrible recrudecimiento de la inflación que padecemos, sin duda es el de los pasivos. Pero al respecto el silencio de los parlamentarios es ensordecedor. En lugar de pedirle cuentas al gobierno, se lanzan en busca de proyectos que —más allá de toda duda razonable— agravarían el mal. Beneficiarían a los pasivos de manera transitoria y les perjudicarían de modo perdurable. Es como refrescar a alguien que está preso en un edificio en llamas con un chorro de gasolina. No sé si se trata de que los legisladores no entienden el ABC de la inflación, o de que piensan que los pasivos no lo entienden, y en su confusión están prestos a agradecer el chorro de nafta fresca, por más que de inmediato les consuma el fuego.
Todo esto es, como puede verse, superlativamente preocupante. Hoy sin embargo deseo comentar centralmente otra cuestión conexa, no porque me parezca más grave que las otras, sino porque apunta a una tendencia tan clara, tan monolítica, de nuestra convaleciente democracia, que tal vez resulte al público menos notoria que las inconstitucionalidades flagrantes y el manirrotismo presupuestal. Me refiero al voto en bloque por parte de los partidos, la ausencia de todo disenso, el mutis por el foro de toda individualidad, y por tanto la negación frontal por el Parlamento a la razón, al logos dialéctico sin cuya supremacía en sus sesiones el órgano pierde todo sentido.
Por supuesto, también aquí se trata de la soberanía de la Ley Fundamental. Esta organiza un sistema de democracia representativa, y ello quiere decir algunas cosas más que la elección de representantes parlamentarios. La elección no se realiza por ser impráctico en un Estado moderno que todos los ciudadanos voten sobre todos los asuntos. Se lleva a cabo a fin de que los representantes se sienten juntos y discutan bajo la luz pública los asuntos antes de votarlos. Y los que participan en tales deliberaciones tienen que ser individuos, no células anónimas de un tejido social; no pueden haber abdicado en favor de nadie de su razón ni de su juicio, que son atributos de los individuos, no de los grupos ni los partidos; no pueden ser meros números, ni mero poder de voto encarnado en un nombre o una mujer, no son cada uno un brazo capaz de dar fuerza a un proyecto al levantarse, del cual la cabeza y el corazón sean sólo apéndices prescindibles. Tienen que pensar y tienen que sentir sobre lo que se debate, y por fuerza tienen que poder convencerse por virtud de las razones que en el debate se viertan. No está entre las propiedades de la voluntad el poder comunicarse unas con otras. Si entran en un recinto parlamentario tantas voluntades a favor y cuantas en contra sobre esto o aquello, y los legisladores no traen consigo más que sus voluntades, en igual número saldrán, y así también habrán votado en tretanto. Pero si se tratase sólo de voluntades, el Parlamento sería una institución absurdamente cara y engorrosa.
"Si el gobierno fuera una cuestión de cuántas voluntades hubiera de cada lado", declaraba Edmund Burke a sus electores de la ciudad de Bristol en 1774, "la vuestra, sin duda, debería predominar." El gran parlamentario había escandalizado a sus votantes al apoyar a los rebeldes norteamericanos, alzados contra la corona británica. Si sólo se tratase de voluntades, habría ido a Bristol a decirles, habría estado listo a someterse. "Pero el gobierno y la legislación", proseguía, "comprometen a la razón y al juicio, no sólo a la inclinación; y ¿qué clase de razón sería esa en la cual la determinación antecede a la discusión?"
Burke, él mismo político, fue uno de los mayores pensadores políticos de Occidente. Representante él mismo, en su discurso de Bristol sentó la doctrina sobre la representación parlamentaria que todo Occidente abrazaría. Las opiniones de los electores, según ella, merecen del representante seria consideración. "Pero instrucciones imperativas, mandatos que una vez comunicados el parlamentario esté ciega e implícitamente obligado a obedecer, a votar, y a defender, por contrarios que sean a las más claras convicciones de su juicio y su conciencia, son cosas por entero extrañas al derecho de este país, que se suscitan a partir de una confusión fundamental sobre toda la estructura y el tenor de nuestra Constitución."
Conceptos éstos del gran irlandés cuya pertinencia en nuestra problemática coyuntura política es total, con el agravante de que la subordinación del parlamentario a su partido es mucho menos defendible aún que la abdicación de su criterio en favor de sus electores, a quienes al menos tiene la misión de representar. Y si sería triste tener un parlamento de mensajeros, que en las sesiones apenas transmitieran sus mandatos imperativos, trágico sencillamente sería tener un congreso de apparatchiki, pagado por el Estado para ejecutar las órdenes del Partido.
Naturalmente, la posibilidad de que la unanimidad dentro de cada partido pueda reflejar la convicción singular de todos los respectivos parlamentarios no puede descartarse a priori. En el caso que motiva este comentario, sin embargo, pienso que las características de la cuestión hacen que la coincidencia de todos los diputados de la oposición deba considerarse extremadamente implausible.
Se trata de agravar el déficit fiscal en medio de un recrudecimiento tremebundo de la inflación. No puedo excluir, por supuesto, la eventualidad de que todos los diputados del Partido Nacional y del Frente Amplio sean indiferentes a esa eventualidad, pero no me parece que se trate de una eventualidad plausible. Se trata de agravar la situación de los pasivos, cuya vulnerabilidad a la inflación es máxima, de manera persistente, a cambio de darles algo así como un analgésico financiero. Tanto la posibilidad de que ninguno de esos legisladores se haya dado cuenta de esa terrible consecuencia del proyecto, como la alternativa de que, teniendo tal conciencia, todos permanezcan insensibles a ella, no son en rigor lógico descartables a priori, pero sin duda una y otra deben juzgarse extremadamente improbables. Se trata por fin de violar la Constitución, no sólo de manera flagrante, sino también de manera confesa, y la hipótesis de que todos los legisladores de la oposición lo hayan hecho libre y deliberadamente no sólo es implausible, sino también más desazonadora de lo que yo podría expresar.
El único consuelo consiste en pensar que la responsabilidad por este deprimente episodio, como por tantos otros que a él se han asemejado recientemente, radica en último término en esa detestable organización de nuestros partidos y sus grupos respectivos, que permite esa institución deletérea de la democracia representativa que son las reuniones de bancadas, con las consiguientes declaraciones de naturaleza política para multitud de cuestiones. Claro que es un consuelo muy relativo, porque no aleja el temor, tan claramente fundado, de que, con esta orientación, nuestra convaleciente democracia no vaya camino de una recaída.