La lastimosa situación en que está nuestro país, ¿a qué se debe? O, más específicamente: ¿hay alguien –una o más personas, grupos o partidos, del país o del exterior– que merezca ser responsabilizado por ello? Y, de ser así, ¿de quién, o quiénes, se trata?
La primera hipótesis a considerar es que se trata de una crisis originada en el exterior, y que el único papel que nos incumbe en ella es la de víctimas. Sin apresurarnos a extraer conclusiones, examinemos la posibilidad de un accidente externo, como podría ser el causado por un ómnibus que se sube a la acera y lesiona a varias personas que esperaban en una parada. Lo que al respecto salta a la vista es que las víctimas no tenían defensa eficaz alguna que pudiesen oponer a la mole que se les venía encima.
En el caso real que tenemos por delante hay un factor externo desencadenante que indiscutiblemente desempeñó un papel significativo en el percance que sufrimos: la crisis financiera de Brasil, iniciada en enero de 1999 con una tentativa de devaluación moderada, lo que desató una enorme onda especulativa contra el real, frente a la cual las autoridades no tuvieron más remedio que permitir que su moneda flotara y se depreciara catastróficamente, de modo tal que los precios internos de Argentina y Uruguay, traducidos a dólares, quedaron ampliamente por encima de sus correlativos brasileños, con la consiguiente pérdida de competitividad de aquellos países. Ambos entraron entonces en una fuerte recesión –la argentina sumándose a la brasileña en cuanto a afectarnos– con el consiguiente agravamiento de la situación fiscal en ambos países y forzando el incremento de sus respectivos endeudamientos. Estos dos aspectos se mostraron mucho más graves en Argentina que en Uruguay, porque éste había tenido un excelente año fiscal en 1998, y su deuda gozaba de la segunda mejor clasificación en América Latina –sólo aventajado por Chile– la que le reportaba el envidiable rango inversor.
Dejando por el momento de lado esta diferencia, y los consiguientemente diferentes grados de urgencia de un lado y otro del Plata, preguntémonos qué hicieron y qué debieron hacer los países platenses ante el tremendo desbarajuste que enfrentaban. Básicamente, Argentina primero y Uruguay después, procuraron resolver el déficit fiscal creando y aumentando impuestos. En la Argentina, siendo Machinea ministro de Economía, la operación fue periodística y popularmente calificada de “impuestazo”. La recaudación, en vez de subir, se redujo. Y en el Uruguay, más adelante, y reiteradamente, pasó lo mismo. Si hay una profunda recesión, y la demanda agregada cae, porque la gente no tiene dinero para consumir, y se aferra al que le queda porque cree que aun no ha llegado lo peor, los impuestos tienen inevitablemente el efecto de reducir más aún la demanda agregada, incrementar el déficit fiscal, impulsar al alza el endeudamiento, y darle otra vuelta de tuerca a su ya difícil posición frente a los acreedores e inversores. Es evidente que ese proceso amenazaba terminar en la cesación de pagos de los dos países; en la desaparición del crédito voluntario para ambos, el grave descenso de la inversión, el incremento del desempleo, la caída ulterior del producto real, la depreciación de la moneda, la crisis bancaria. Este proceso se adelantó en la Argentina por las razones indicadas, de modo que los uruguayos pudimos ver desplegada ante nuestros ojos la imagen fiel de lo que nos esperaba. A pesar de ello no hicimos nada práctico para zafar de la situación. ¿Había alguna posibilidad que se omitió?
Antes de intentar responder, es preciso detectar con precisión cuál podía ser el objetivo clave a proponerse. No se trataba de detener todos los síntomas, lo que habría sido a todas luces imposible, sino diagnosticar cuál era el mal esencial que afectaba a ambas economías, aquél cuya superación podría lograr una mejoría generalizada en todos los aspectos. Veremos que la confección del diagnóstico en sí mismo era más fácil que el diseño del tratamiento.
La única posibilidad de recuperación, sobre ambas márgenes del Plata, se centraba en reconquistar la confianza de los inversores, que sería seguida por la de los consumidores, con lo que la demanda agregada sería recompuesta, el déficit fiscal se reduciría, el empleo volvería a subir, y la recesión dejaría su lugar a una expansión económica, que promovería la capacidad de repago de la deuda, y pronto después la de procurar más crédito para proyectos autoliquidables. Ahora bien, esa reconquista de la confianza de los inversores, ¿cómo podría lograrse? Ya quedó dicho que la terapia era más difícil que el diagnóstico.
Quedó igualmente aclarado más arriba que el aumento de los impuestos no era la manera adecuada de combatir el déficit fiscal. Se desprende de ello que la única manera de lograr el objetivo consistía en reducir el gasto, no por medidas de economía de gastos superfluos, sino recurriendo a medidas de fondo, con lo que se alude a la aplicación de la cirugía. La parte principal de los desembolsos fiscales consiste en los pagos de salarios y transferencias a la seguridad social. No hay otra manera para alcanzar el objetivo que practicar cortes profundos en estos rubros. Aparte de ello, sería enormemente útil vender activos del Estado a fin de reducir el endeudamiento. Sin duda, fundamentalmente, privatizar empresas estatales. Todo ello en un grado tal que permita una reducción apreciable de los impuestos, cuyo nivel actual representa una carga insoportable para el sector privado de la economía.
Al llegar a este punto en una conversación, la mayor parte de los interlocutores compatriotas le interrumpen a uno, sosteniendo que después del referéndum de 1992 este último camino quedó cerrado. Y sobre los desembolsos salariales, cuando uno señala que el impuesto a las remuneraciones personales (IRP) es inaceptable, porque no se trata de que los ingresos familiares sean, al menos en su nivel actual, una fuente aconsejable de tributación, porque se hallan a un nivel singularmente bajo, sino de reducir el despilfarro que la cuenta de salarios específicamente públicos representa, y todavía más cuando uno señala que lo aconsejable para ganar confianza no es bajar los salarios públicos, porque ese método huele fuertemente a transitoriedad, sino en reducir la plantilla de funcionarios –otorgándoles un seguro de paro, como es obvio– las objeciones basadas en la imposibilidad jurídica y práctica de llevar adelante una política que sería resistida violentamente por los perjudicados, se redoblan.
Si esto es así, la responsabilidad por lo acontecido no es de nadie dentro de nuestro país. Al gobierno actual se le podría reprochar por la falta de esfuerzo en evitar el aumento del gasto en el presupuesto, y la falta de sinceramiento al haber sostenido reiteradamente que la contracción económica actual era una más, que se iría como se fueron las otras –el presidente y el ministro Bensión se refirieron a las de 1990 y 1995, de las que pocos se acuerdan– pero nada más. Pero entonces tenemos que concluir que el país es inviable, porque los niveles de precios que tenían Brasil y Argentina en 1998, que viabilizaban nuestra exorbitante carga fiscal, no volverán a repetirse. Es una conclusión desoladora, la cual este autor se niega a compartir, por razones que no tardará mucho en comunicarles.