I
Han trascendido las líneas generales del proyecto llamado de “seguro nacional de salud”. Nos ocupamos de esta iniciativa en otro lugar de esta edición. Aquí sólo deseamos destacar a la atención del lector que se propone una enorme extensión de la actividad asistencial del Estado. Ni habría hospitales, ni sanatorios, ni clínicas ni establecimientos de clase alguna relacionados con la salud, que no pertenecieran al Estado.
Se ha dado a difusión, también recientemente, un proyecto sobre minería. Por él se atribuiría al Estado el derecho de reservarse amplias áreas para la prospección y explotación mineras ejercitadas de manera directa.
¿Qué ocurrirá con el proyecto de enseñanza que está siendo elaborado en el Ministerio de Educación y Cultura? Las declaraciones oficiales, los antecedentes y la tendencia general de los acontecimientos no permiten prever que la iniciativa comporte una reducción del papel del Estado en este campo. Más bien, todo induce a suponer que se procurará reformar el procedimiento de elección de autoridades en organismos que conservarán un dominio monopólico de la enseñanza superior, y un peso decisivo en las restantes áreas.
El Estado médico, el Estado minero, el Estado pedagogo, el Estado… ¡Santo Cielo! ¡Qué energías conserva Leviatán en este país!
Pero no hemos abordado hoy el tema para participar a los lectores de nuestro asombro, ni aún de nuestra reprobación. Tampoco, en esta oportunidad, queremos hacernos cuestión de la extensión del ámbito de intereses del Estado ni la amplitud de la gama de sus fines, sino sólo comentar acerca de la modalidad de su acción. Más concretamente, deseamos desplegar ante los lectores las alternativas que existen, frente al modo de actuar que caracteriza al Estado en nuestro medio, y las opciones que nuestros gobiernos resuelven siempre implícitamente, e invariablemente en el mismo sentido.
El Estado, entre nosotros, decide asumir la responsabilidad por la salud de todos los habitantes, y en seguida se calza el estetoscopio y blande el bisturí. ¡Alto ahí! Son dos cosas distintas. El que haga lo primero no implica que tenga que hacer lo segundo. Puede ocuparse de la enseñanza sin ascender jamás a la tarima del maestro. Ni tiene por qué empuñar la piqueta de minero para tener sus propias metas en materia de producción extractiva.
II
Tomemos, primero, el caso de la enseñanza. ¿Cuáles son los fundamentos de la intervención en ella del Estado? Pues se derivan, naturalmente, de que la comunidad políticamente organizada ha adoptado al respecto ciertos objetivos; a saber: en primer término, que todos los habitantes han de recibir enseñanza hasta un nivel mínimo y, en segundo lugar, que ha de facilitarse a los jóvenes que lo deseen, la prosecución de estudios universitarios u otros de carácter especializado.
¿Por qué no se deja librada la obtención de estos fines a la espontaneidad de la vida social? Podemos pensar en tres órdenes de razones que se derivan de otras tantas posibles carencias en los padres, y eventualmente en los jóvenes: falta de medios económicos suficientes para pagar los servicios que se prestaran a un precio; falta de discernimiento para saber si la educación en un determinado establecimiento es o no adecuada y, finalmente, falta de voluntad para cumplir con el mandato de la comunidad.
Nuestro Estado ha interpretado tradicionalmente las consecuencias de la asunción por su parte de esa clase de responsabilidad en términos de un llamado a la propia actividad docente, Las escuelas y liceos públicos, la Universidad de la República, la Universidad del Trabajo y otros institutos estatales representan la concreción de esa manera de ver las cosas.
Es fácil apreciar que existe un medio alternativo para la consecución de los mismos fines. Antes que nada, observemos que las dos últimas razones que abonan la intervención estatal –posible carencia en padres y jóvenes de recto discernimiento o de recta voluntad– no reclaman del Estado actividad docente sino actividad inspectiva. Se trata de supervisar escuelas y de vigilar hogares. Para lo primero el Estado tiene, por supuesto, que saber cómo se debe enseñar. Pero para ninguna de las dos cosas se requiere que se constituya en pedagogo.
Esto no podría concebiblemente suscitar diferencias de opinión. Quedamos, pues, enfrentados sólo al aspecto económico de la cuestión.
El Estado asumiría, entonces, la docencia activa en sus propios establecimientos, no porque ello garantizase un nivel adecuado de enseñanza, pues puede cerciorarse de su mantenimiento inspeccionado los establecimientos privados, ni como es obvio, por ello asegurase la asistencia de los niños a la escuela, sino que lo haría en mérito a que la enseñanza pública puede ser gratuita, mientras que la privada no pueda serlo.
La enseñanza gratuita está, se pretende, al alcance de todos, y por tanto liquida toda dificultad económica que pueda existir en la materia.
El Estado puede, sin embargo, superar el obstáculo por el otro procedimiento. En esencia, éste consiste en enfrentar el problema económico… en el terreno económico, en lugar de hacerlo en el docente. En su forma más sencilla (no integra sus posibles complejidades nuestro tema de hoy) consiste en tomar dinero de los contribuyentes y, en lugar de gastarlo en la prestación directa de los servicios docentes, entregarlo a quienes deben comprarlos, por un precio, de los particulares que los ofrezcan.
III
Podríamos adoptar este método en el Uruguay? ¿Valdría al menos la pena dedicar algún tiempo a comparar sus ventajas e inconvenientes con el sistema actual? Nos tememos que la gran mayoría de nuestros compatriotas respondería negativamente. Aún aquéllos a quienes el cambio resultase atractivo “en teoría”.
Forma parte del acervo intelectual del país una convicción sumamente arraigada, según la cual la estatización de cualquier actividad es irreversible. Apenas menos difundida está la creencia de que la asunción de nuevas actividades por el Estado representa otros tantos pasos en la dirección del progreso de la humanidad. La privatización de una actividad cualquiera sería anti-progresista, si no fuera antes imposible. Y toda propuesta de privatizar algo vendría a ser, por tanto, reaccionaria.
No resistimos la tentación de citar a un pensador que los “progresistas” dudarían mucho antes de ubicar en la derecha. Dice nuestro autor:
Una cosa es determinar, por medio de una ley general, los recursos de las escuelas, las condiciones de capacidad del personal docente, las materias de enseñanza, etc., y velar por el cumplimiento de estas prescripciones legales mediante inspectores del Estado, como se hace en los Estados Unidos, y otra cosa, completamente distinta, es nombrar al Estado educador del pueblo. Lejos de esto, lo que hay que hacer es substraer la escuela a toda influencia por parte del Gobierno…
¿Ha reconocido el lector en estas palabras la pluma de Carlos Marx, en la Crtica al programa de Gotha? Por una vez estamos de acuerdo con él, por una vez creemos que su pensamiento podría realizar en nuestro medio una tarea útil, la de convencer a nuestros adoradores del Estado que están siendo más marxistas que Marx, infundir a todos los uruguayos un sano escepticismo respecto de la irreversibilidad de las estatizaciones, y ayudar a abrir un foro libre de dogmatismos para la cuestión que estamos planteando.
IV
El lector ya ha advertido sin duda que el mismo principio puede usarse en el terreno de la salud y en cualquier otro en el cual la alternativa consista en la prestación de servicios gratuitos por parte del Estado.
Siguiendo aquella pauta podemos imaginarnos un Estado que se despoja de un sinnúmero de ropajes accidentales y, libre ya de tal estorbo, asume con eficiencia el carácter específico que se deriva de su naturaleza.
En todas las esferas de la vida social, el patrón de su comportamiento sería siempre el mismo.
En primer término, la decisión política. Sólo a través del Estado la comunidad puede adoptar decisiones que le atañen como tal.
Si la decisión consiste en hacer algo, ese algo tiene necesariamente un costo. La comunidad resuelve asimismo, a través de su organización política, cómo distribuir ese costo y cómo transferir su producido a aquéllos que, sin poseer medios financieros en cantidad suficiente, deben disfrutar el servicio conforme a la voluntad colectiva.
Seguidamente, el Estado recauda los tributos y paga las transferencias de acuerdo con la decisión de la comunidad.
Finalmente, vigila que los servicios tengan las características prescritas por la ley.
En todo esto el Estado cumple funciones que le son privativas. Hace lo que sólo él puede hacer.
Los servicios son prestados por un precio, competitivamente, por empresas o instituciones privadas. Ello preserva la eficiencia. Los destinatarios del servicio eligen entre varios ofertantes alternativos. Ello asegura la libertad.
Este principio introduce un orden en la actividad del Estado. Su ausencia conduce al caos en que hoy vive nuestro país: el Estado quiere hacerlo todo y termina por no hacer nada; los servicios se paralizan; la sociedad se desintegra.
V
Hemos mencionado la actividad minera del Estado. Esto nos pone en contacto con una extensa zona en que la acción productiva del Estado no conduce en último término a la prestación de un servicio gratuito, sino a la venta de una mercancía por un precio.
No existe ninguna razón valedera para que el Estado se embarque en una empresa minera, como tampoco en ninguna otra comercial, industrial, agropecuaria ni pesquera.
Si una actividad extractiva o de cualquier otro orden genera réditos diferenciales, el interés de la comunidad puede contemplarse siempre por la vía del impuesto por lo menos tan bien como a través de la explotación directa por el Estado. Por regla general, esta segunda alternativa será vastamente Inferior. En el Uruguay resulta insólito el que se insista aún con ella.
Estos principios nos delinean una nueva imagen ideal del Estado.
Atendiendo a los servicios que presta directamente, se asemeja al Estado Juez y gendarme del siglo XIX.
Yendo a ver lo que realiza a través de su actividad creadora de normas y del ejercicio de su potestad financiera, no existe campo que le esté vedado, ni hay expresión de la solidaridad colectiva de que deba abstenerse, ni fines del “Estado moderno” a los que no pueda acceder.
Es preciso rever atentamente, a la luz de estos principios, toda la estructura y la actividad estatales en nuestro país, Frente a la iniciativa colectivista en materia de salud, ellos asumen una vigencia particularmente intensa. Y la tarea de repensar nuestro sistema educacional a la luz que de ellos dimana resulta impostergable.